En la celebración institucional del Día de la Constitución, Zapatero dejó abierta la puerta para prolongar el Estado de Alarma, una vez que transcurra el periodo de 15 días inicialmente establecido. Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, señaló que es conveniente distinguir entre dirigentes sindicales y la inmensa mayoría de los controladores aéreos, a los que calificó de profesionales responsables.

El Gobierno tiene una patata caliente en las manos, porque debe dar satisfacción a dos exigencias de obligado cumplimiento en el conflicto de los controladores: establecer un marco laboral que proteja a la población de medidas salvajes, como las llevadas a la práctica el pasado fin de semana, y sancionar con toda la dureza que el caso requiera la conducta de los empleados que abandonaron su puesto de trabajo dejando a los ciudadanos abandonados en los aeropuertos. No basta con mantener las condiciones de salario y jornada establecidas a lo largo de este año, sino que debe el Gobierno arbitrar un sistema para romper con el monopolio que dos millares de empleados tienen sobre el control de la navegación aérea. La quiebra de los privilegios es irreversible, porque sería irritante negociar una jornada más reducida que la actual, para que acaben haciendo las mismas horas con la particularidad de cobrarlas bajo la categoría de “extraordinarias” con el fin de redondear un sueldo que no cobra ningún trabajador por cuenta ajena en toda España. El Gobierno no puede retroceder ni un milímetro. Ahora bien, tras la experiencia vivida, el Ejecutivo tiene que habilitar a más trabajadores para hacer esa tarea, de modo que los irresponsables no se sientan insustituibles.

Con el PP sacando casi 20 puntos en las encuestas, el Gobierno puede sentir la tentación de tratar de hacer borrón y cuenta nueva con los controladores. La distinción entre malos (dirigentes sindicales) y buenos (controladores de base), realizada por Blanco, da a entender que se ensaya la política de mano tendida. Sería descorazonador que el Gobierno renunciara a sancionar a los controladores que causaron tanto daño a cientos de miles de compatriotas. Si el Ejecutivo de Zapatero no se atreve a introducir amplios cambios en la gestión aeroportuaria por miedo a la respuesta de grupos monopolistas, sería mejor que acorte la legislatura.