Antonio Trevín ha asegurado que el aeropuerto de Asturias estuvo operativo durante el pasado fin de semana, cuando se produjo la espantada de los controladores. El delegado del Gobierno ha afirmado que aunque algunos trabajadores se ausentaron del puesto de trabajo, para acudir al médico, la torre de control siempre estuvo atendida para satisfacer las demandas del tráfico aéreo. Pese a las declaraciones de Antonio Trevín, Aena ha incluido en su investigación a los controladores asturianos que abandonaron el puesto de trabajo, y la Fiscalía también ha pedido aclaraciones. La revisión de todo lo sucedido en el espacio aéreo español incluye al aeropuerto regional.

Estamos en la fase de inventario de desperfectos, con la consiguiente petición de responsabilidades, y de prever lo que hay que hacer a corto plazo para que no se produzca una situación similar. La Unión de Consumidores pide al Gobierno que indemnice por vía de urgencia a los damnificados por la cancelación masiva de vuelos. Dacio Alonso propone 500 euros a cada viajero frustrado, la mitad de esa cantidad por la pérdida del vuelo y la otra mitad por daños morales. La cantidad global estaría por encima de los 300 millones de euros. Una factura enorme para una época de vacas flacas, en que las administraciones pagan tarde y mal sus compromisos: los ayuntamientos asturianos todavía están esperando que el Estado les resarza de los puentes destrozados en las riadas de junio. Lo primero es delimitar quiénes son los responsables, aceptando que Aena tiene una responsabilidad subsidiaria en cualquier caso. Va a ser difícil que las indemnizaciones se fijen sin pasar por los tribunales.

Rubalcaba no descarta la prolongación del estado de alerta para tener unas Navidades sin sobresaltos. No deja de ser tremendo que el Estado tenga que acudir a protocolos excepcionales para garantizar que dos millares de empleados, excelentemente retribuidos, cumplan con algo tan elemental como trabajar 1.600 o 1.800 horas al año. Otro día pueden ser los pilotos de aviación los que tomen el relevo de la protesta. ¿También habría que declarar el estado de alarma? El Gobierno tiene toda la razón en el contencioso con los controladores, pero eso no le exime de reflexionar sobre la imagen que proyecta. A falta de autoridad natural hay que ponerse en manos del Ministerio de Defensa.