El Gobierno ha decidido prorrogar el estado de alarma hasta el próximo 15 de enero. El Congreso de los Diputados va a dar el visto bueno a la propuesta con el voto de los grupos nacionalistas. José Blanco calificó a los controladores de chantajistas, al tratar de negociar la vuelta a los privilegios a las pocas horas de abandonar los puestos de trabajo. El ministro de Fomento señaló que de aceptar las reivindicaciones de los controladores, el coste de la navegación aérea sería el 70% más elevado que en los grandes países europeos. José Blanco recordó la pretensión de los controladores de prejubilarse con 170.000 euros de renta.

A estas alturas todos sabemos que los controladores son los malos de la película. Hasta el pasado 3 de diciembre eran unos privilegiados y ese día demostraron ser unos irresponsables. La Fiscalía ha iniciado sus investigaciones y Aena cursa el expediente sancionador correspondiente. Ahora lo que hace falta saber es si el Gobierno acierta con las medidas que toma. El Ministerio de Fomento va a privatizar las torres de control, con la intención de acabar con el monopolio de Aena y liberalizar el tráfico aéreo. La espantada de los controladores no requería de una reforma tan improvisada, bastaba con acabar con el monopolio de los empleados de las torres de control. Liberalizar cualquier sector del transporte es un acierto, pero no se puede hacer aprisa y corriendo. Tras seis años y medio en el poder sin cambiar las reglas del juego, va el Gobierno, en quince días, a proponer un modelo alternativo de gestión del tráfico aéreo. El Ejecutivo elabora estrategias empujado por los acontecimientos.

Habrá estado de alarma hasta el 15 de enero. Con esa propuesta se logra blindar las fiestas navideñas de turbulencias, pero no es una solución estable para garantizar la normalidad del servicio. ¿Puede España estar en estado de alarma para evitar la espantada de los controladores? Hay otros colectivos en el sector servicios (pilotos, maquinistas, médicos, enfermeros) que podrían provocar el colapso en el país con un plante laboral. El sentido común indica que hay que volver a la normalidad. Si los controladores convocan paros tendrán que cumplir los servicios mínimos. En caso de espantadas repentinas o huelgas salvajes, la solución reside en los juzgados de guardia: de la torre al furgón policial.