Elena Salgado, acompañada de varios consejeros regionales de Hacienda, ha dado las cifras del déficit público autonómico a 30 de septiembre. Excepto Murcia y Castilla La Mancha, todos los territorios cumplen con el objetivo de contención del déficit, aunque en el caso de Cataluña, Comunidad Autónoma Valenciana y Baleares lo hagan por muy poco. Asturias tiene un déficit del 0,89% del PIB y la media en España es del 1,24%.

La foto de finales de septiembre es un tanto engañosa, porque gran parte de los pagos se realizan en el cuarto trimestre, lo que permite asegurar que más de tres regiones sobrepasarán al final del año el límite previsto y no podrán recurrir a emitir deuda. Elena Salgado desvinculó la publicación de los datos de la advertencia de Moody’s, de rebajar la calificación de la solvencia de España, pero es evidente que buscaba tranquilizar a los mercados de deuda. Un objetivo difícil de cumplir, porque el endeudamiento de las regiones ha subido como la espuma desde el inicio de la crisis económica, y a estas alturas se acerca al 25% de la deuda de la Administración central. Y lo que es más importante, el gasto de las regiones se reduce en una proporción muy inferior a los ingresos. En los primeros nueve meses del año, los gastos no financieros cayeron el 2,4%, mientras que los ingresos no financieros lo hicieron a un ritmo del 13,8%. Las comunidades autónomas no transitan por una senda sostenible. El mayor ajuste de las regiones fue por orden de Zapatero, cuando obligó a rebajar un 5% los sueldos de los funcionarios.

Hay cinco comunidades autónomas con un déficit inferior a Asturias, así que cumpliremos el objetivo este año, pero con menos holgura que en otros territorios. Es muy loable el esfuerzo realizado en Asturias con el gasto sanitario, pero aumentó el gasto en Vivienda y la ayuda a la Dependencia, así como en el Salario Social. El recurso a la deuda fue inevitable y el próximo año pagaremos 212 millones de euros en intereses, bastante más que el presupuesto dedicado a varias consejerías. Aquí hay un debate urgente a realizar: los sacrificios impuestos o anunciados en los últimos meses, en materia laboral y de pensiones que afectan a millones de individuos concretos, no tienen correspondencia en el gasto estructural de las administraciones. Es más fácil quitárselo a María y a Pepe, que a Murcia y a Cataluña.