La oposición presentó enmiendas a la totalidad del presupuesto del Gobierno regional que fueron rechazadas por la mayoría de la Junta General del Principado formada por los grupos del PSOE e IU. En la práctica parlamentaria española es norma que los grupos de oposición discrepen frontalmente de los proyectos de cuentas y para ello se valen de enmiendas a la totalidad. Como es lógico, en todos los casos los partidos que apoyan al Ejecutivo votan en contra de ese tipo de iniciativas de la oposición. Una vez más se cumplió la norma.

De cara al próximo año, el PP planteó que el Gobierno debería haber confeccionado un presupuesto que no excediera de los 3.300 millones de euros. Una propuesta disparatada, porque el Principado cuenta con ingresos para financiar 3.700 millones de gasto, así que se quedaría con recursos ociosos pese al elevado nivel de paro. Entre los países avanzados ningún gobierno ha actuado así. Con las cifras que defiende el PP, la inversión productiva conocería severos recortes, así como los servicios públicos de los que se beneficia la gente más pobre y desprotegida. El proyecto del Gobierno, con más de 4.100 millones, es excesivamente optimista. Antes de empezar la negociación entre PSOE e IU, Areces y Rabanal habían hablado de presupuestar 3.800 o 3.900 millones, pero las exigencias de IU inflaron las cuentas más allá de lo razonable y el tiempo dirá qué partidas se dejan de gastar. Una oposición cabal hubiera puesto el énfasis de la crítica en ese punto, pero el grupo de Ovidio Sánchez prefirió responder a los excesos de cálculo del Gobierno con el mayor recorte de gasto del mapa autonómico, como si Asturias fuese la región con mayor déficit, mayor nivel de endeudamiento y una mayor caída de ingresos fiscales. Las cifras comparadas entre comunidades autónomas indican que estamos casi en la posición opuesta.

Proponer un techo de gasto de 3.300 millones no le priva al PP de exigir más recursos para todo tipo de proyectos, relacionados con servicios públicos del Principado, inversiones regionales o demandas municipales. Todas las oposiciones incurren en ese tipo de demagogias, pero resulta muy poco creíble ir de abogado de colectivos sociales o entes territoriales, cuando se predica simultáneamente una rebaja del 25% sobre las cuentas aprobados hace un año.

Al margen de la coyuntura concreta, el PP regional comparte con el PP nacional la fe en el teorema de la rebaja de impuestos como forma de recaudar más dinero. Lo que funcionó con Aznar en una coyuntura alcista, lo aplican a la mayor crisis económica de los últimos ochenta años. Ni Merkel ni Cameron siguen el consejo. Si se bajan los impuestos aumentará el ahorro de familias y empresas, pero la recaudación de Hacienda descenderá. En los once primeros meses del año, el Gobierno central recaudó 26.000 millones más que el pasado año, gracias a las subidas de impuestos. El discurso heterodoxo del PP complica los debates presupuestarios.

El martes se votarán las enmiendas parciales. La experiencia de los últimos años indica que la mayoría parlamentaria se emplea como rodillo para aplastar las sugerencias concretas del PP. Cuesta pensar que no haya propuestas de la oposición merecedoras de ser incorporadas al presupuesto. En un Parlamento donde se practica, con frecuencia, alianzas contra natura (PP-IU), dividiendo al Gobierno, resulta que la mayoría parlamentaria no puede asumir el retoque de sus cifras. La razón de este comportamiento estriba en el delicado y frágil equilibrio que alcanzan PSOE e IU en torno al presupuesto, necesitado de sofisticada ingeniería contable para satisfacer las pretensiones del socio minoritario, sin dejar completamente desprotegidas áreas esenciales, como la Sanidad y la Educación, o la inversión productiva. Los dos grupos de izquierda piensan que cualquier cambio de las cifras pone en peligro los cimientos del edificio presupuestario. Para que esto no ocurra se programa el debate de las enmiendas para el día de los Santos Inocentes y se realizan las intervenciones pensando en la tecla de las votaciones.

El resultado final de la liturgia presupuestaria deja en muy mal lugar al Parlamento regional. La negociación se realiza en el seno del Gobierno, sin haber fijado públicamente el techo del gasto. El proyecto llega a la Junta General del Principado y, tras la rutina de las comparecencias públicas, se votan unas enmiendas a la totalidad disparatadas. Luego, cuando toca mejorar las cifras del proyecto, el Gobierno no muestra la menor disposición a aceptar las sugerencias, y se da carpetazo al trámite en la última semana del año, con la gente atragantada de mazapán. ¿Qué papel juega el Parlamento autonómico ante la decisión más importante del Principado para los asturianos?

Si a ello sumamos que apenas hay producción legislativa, más allá de adaptación de leyes a la normativas europea o española, y que no se realizan debates en profundidad sobre asuntos de interés (el último ejemplo está en el nulo eco que tuvo la crisis del carbón), nos encontramos con que la Junta General del Principado desempeña una función más formal que real. Las deliberaciones reales se producen entre socios de Gobierno, aparatos de partidos y los diálogos de la concertación social.