Javier Fernández considera necesaria la concertación social para afrontar la crisis económica. El candidato socialista a la Presidencia del Principado apuesta por un liderazgo compartido con los agentes sociales para salir del actual marasmo económico. La concertación social ha sido una pieza central en la política socialista de las tres últimas legislaturas. Desde el Pacto Institucional por el Empleo, del primer mandato de Areces, hasta el actual ACEBA, los acuerdos sociales fueron la hoja de ruta de los gobiernos. La entente con los agentes sociales no se agotó en esos pactos, sino que fue más allá como se pudo comprobar con el Plan A del Principado, destinado a luchar contra el desempleo con el apoyo de los sindicatos y la colaboración de los ayuntamientos. En el único año en que se vio el Gobierno socialista en minoría, al empezar la actual legislatura, el pacto social sirvió de aval al Gobierno regional para retomar la iniciativa en el Parlamento, pese a estar en minoría, y forzar la aprobación de dos créditos extraordinarios que permitieron insuflar más recursos a un presupuesto prorrogado.

Como se puede ver, la concertación social no sólo dio cobertura a la inversión productiva y el gasto social, sino que amplió la legitimidad de la acción del Gobierno frente al Parlamento y la sociedad. Es lógico que Javier Fernández quiera reeditar los pactos sociales, porque forman parte de la estrategia socialista y no fueron posibles cuando el PP gobernó en Asturias. Ante la campaña electoral pueden ser un rasgo diferencial de la oferta socialista.

Dicho lo anterior, el modelo de concertación asturiano tiene aspectos muy discutibles que se pueden resumir en dos asuntos: invasión de la esfera política por los agentes sociales, que deciden sobre la gestión de la sanidad, la educación o la política de vivienda, y ausencia de sacrificios compartidos por parte de los interlocutores del Gobierno regional, corriendo todos los esfuerzos a cuenta del Principado.

La concertación social asturiana no entra en cuestiones como la moderación social, la movilidad de la mano de obra o la inversión empresarial, que son esenciales para el progreso de la región, sino que fija compromisos del Ejecutivo para sus correspondientes proyectos presupuestarios. Esta distorsión de la esencia del pacto social debe ser corregida.