Al despedirse del Tribunal Constitucional (TC), Emilia Casas responsabilizó al PSOE y PP de obstaculizar el normal funcionamiento del TC, al supeditar el nombramiento de los magistrados a las estrategias de partido. Cuatro miembros del TC que debían haber sido relevados en el año 2007 prolongaron su estancia hasta ahora. Hay otros tres magistrados que terminaron su mandato en el pasado noviembre y no han sido sustituidos.

La politización del TC es innegable. La renovación de las plazas conlleva largas negociaciones entre las cúpulas de los partidos que no terminan siempre en acuerdo. Superar el tiempo de mandato, marcado por la ley, es una flagrante trasgresión de la norma. Carecen de autoridad moral las sentencias de unos magistrados cuyo mandato ha caducado. Es curioso que el origen de la politización nazca de tratar de darle legitimidad al TC. Me explico. El Parlamento es el único poder del Estado que depende directamente de la voluntad de los ciudadanos. El Ejecutivo emana del Parlamento, porque el presidente del Gobierno se somete a la investidura parlamentaria. El TC, guardián de las esencias constitucionales, dimana del Parlamento para gozar de solidez democrática. Hay muchas formas de elegir los componentes de una instancia judicial, pero ninguna tiene tanta apoyatura como la que deriva de una decisión parlamentaria. En teoría, una solución impecable. El problema es que hay que llegar a acuerdos. Cuando el consenso se alcanza con fluidez no se cuestiona la legitimidad de los magistrados, pero cuando los partidos no se ponen de acuerdo y pasan semanas y meses, a los candidatos les acaba por quedar cara de partido. En vez de estar respaldados por la Cámara, pasan a ser candidatos de cuota partidaria. La problemática estaba dibujada desde la creación del TC, pero la cosa no pasó a mayores hasta la legislatura de 1993 a 1996, cuando se rompió la posibilidad de llegar a pactos de Estado entre PSOE y PP.

Actualmente, el desprestigio del TC es enorme. Durante tres años estuvieron los magistrados discutiendo el recurso presentado por el PP contra el “Estatut”, sin poder emitir una sentencia porque socialistas y populares discrepaban. Más que jueces parecían diputados. Con el plazo de caducidad vencido, emitieron un dictamen que fue rechazado por casi todos los partidos. La situación ha tocado fondo.