Los dos empresarios detenidos por estar implicados en el presunto caso de corrupción en la Consejería de Educación han sido puestos en libertad tras prestar declaración en el juzgado de instrucción número cuatro de Gijón. En cinco días tendrán que depositar una fianza de 300.000 euros, así como presentarse todos los viernes en el juzgado. Como la Justicia resulta lejana e inescrutable para el ciudadano, el balance de las investigaciones judiciales se reduce a una suerte diversa, con los ex altos cargos y funcionarios internados en el centro penitenciario de Villabona y con los empresarios viviendo en régimen de libertad condicional. A partir de aquí cabe hacer cábalas sobre el distinto destino de unos y otros, y sobre el mayor volumen de delitos imputados a los miembros de la Administración. El sumario es secreto, así que no se sabe nada concreto, más allá de conceptos genéricos (cohecho, tráfico de influencias, fraude o exacciones ilegales) y la constatación de una realidad desasosegante: personas valoradas socialmente como honorables reconducidas al estatus de delincuentes.

Con el sumario trasladado a un juzgado de Oviedo, lo que produce malestar en la sociedad es la contradicción entre las decisiones judiciales y la imagen de las personas imputadas. El choque entre percepción social y verdad judicial sólo se puede resolver levantando el secreto del sumario, para saber qué se esconde tras la tipificación de cohecho, exacciones ilegales o fraude. Cuando deje de estar blindado el sumario, no sabremos si Riopedre es culpable o inocente, pero al menos conoceremos las actuaciones concretas que se le atribuyen al ex consejero. El razonamiento vale para el resto de imputados. En la situación actual hay que creer que la jueza ha acertado porque es una profesional experta, competente, seria y todos los calificativos que se quieran poner para depositar la fe en ella, pero sin que la sociedad conozca aún los hechos. Para que la coerción sobre las personas sea socialmente aceptable necesita estar apoyada en un relato visible de hechos punibles.

Con el laberinto judicial de fondo, Álvarez Areces ha dicho que se siente perplejo y está preocupado por la salud del ex consejero de Educación. Es un alivio oír esas expresiones en boca del presidente del Gobierno regional. No hay peor condena que el olvido de los próximos.