Sobre el presunto caso de corrupción detectado en exaltos cargos de la Consejería de Educación se van conociendo fragmentos del sumario instruido por la jueza Ana López Pandiella. La que fuera número dos de la Educación asturiana, María Jesús Otero, era titular o socia de cuatro empresas de turismo rural en el concejo de Llanes, así como dueña de otros bienes inmuebles. En el interrogatorio judicial dio explicaciones sobre ingresos recibidos en sus cuentas bancarias de Igrafo y Almacenes Pumarín, que justificó como pagos producto de operaciones mercantiles derivadas de sus negocios. En una palabra, que las empresas suministradoras de material para la Educación pública eran, a su vez, clientes de los negocios de María Jesús Otero o habían comprado parte de sus bienes. No hay ninguna ilicitud en ser alto funcionario y titular de negocios privados ajenos al ámbito de las responsabilidades públicas, pero mediando una prisión incondicional da que pensar la facturación de María Jesús Otero a las empresas con las que trabajaba la consejería.

La exdirectora general también tiene un ingreso en sus cuentas proveniente de Riopedre, que justificó como correspondiente a la nómina del Principado. Es fácil comprobar si en la época que recibió la transferencia aparecía el titular de la Consejería como pagador de la nómina. Pudiera ser la devolución de un préstamo personal, como tantas veces ocurre entre amigos, pero María Jesús Otero negó cualquier ingreso bancario del consejero por razones meramente personales.

Es muy difícil que jueza y Ministerio Fiscal coincidan en decretar prisiones provisionales sin que haya cargos sólidos contra los imputados, pero resulta imperiosa la necesidad de conocer todo el sumario para pasar de indicios y sospechas a hechos y argumentaciones fundadas. Aunque las cinco personas detenidas salieron del juzgado con imputaciones penales, resulta chocante el distinto trato dado a los responsables públicos del dispensado a los empresarios privados. Hablando en términos hipotéticos, tan delictivo sería recibir dinero por adjudicar suministros, como el hecho de pagarlo. Claro que no se puede hablar en abstracto, ya que es preciso conocer los pormenores de las relaciones entre las autoridades del Principado y las empresas suministradoras de material. Hay que levantar el secreto.