El acuerdo entre Artur Mas y Zapatero sobre las cuentas catalanas ha levantado airadas reacciones en otras regiones, porque permite refinanciar la deuda a una comunidad autónoma que había superado de largo los límites de endeudamiento. Sin embargo, Jaime Rabanal considera que la operación encaja con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así que es algo previsto y generalizable. A cien días de las elecciones, el posicionamiento contemporizador del Principado adquiere mucha importancia.

Hay varias cosas que no encajan. Si el asunto es rutinario, no se entiende que el acuerdo haya estado precedido de tensiones entre las partes, hasta el punto de que Artur Mas llegó a declarar que las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat podrían entrar en un punto de no retorno. La solución catalana no se adopta en un órgano multilateral, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino en una reunión bilateral entre España y Cataluña. Es posible que a partir del acuerdo, en una reunión con todas las regiones, se amplíe la fórmula al resto de comunidades. Ese fue precisamente el método erróneo seguido para consensuar el actual modelo de financiación autonómica: primero se le hace un traje a la medida de Cataluña y luego se adapta el patrón al resto de territorios. Como bien señaló Gallardón, la fórmula de refinanciar deuda no le fue permitida al Ayuntamiento de Madrid, pero sí a la Generalitat.

Los acuerdos sobre financiación territorial son siempre opacos. Los mandatarios se dan la mano ante los fotógrafos y dicen que se llegó a una solución positiva, pero no se da cuenta de la letra pequeña. Ni de la grande: Elena Salgado se negó a declarar cuántos recursos le correspondían a cada comunidad autónoma con el nuevo modelo de financiación territorial. En el reciente acuerdo entre Zapatero y Artur Mas parece que el Gobierno central ha llegado al compromiso de aportar 1.350 millones en concepto de Fondo de Compensación, 719 millones por inversiones que estaban paralizadas desde el año 2008, 2.500 millones para refinanciar deuda y el traspaso de algunos inmuebles que la Generalitat podrá luego vender. Ese paquete de recursos es imposible de generalizar y permite hablar de trato preferente. Javier Fernández debería decir algo.