El pasado jueves, 10 de febrero, la Junta General del Principado terminó las vacaciones de Navidad con la celebración de un pleno sobre los sistemas de contratación del Gobierno regional, con ex altos cargos del Principado encarcelados, como telón de fondo. Diecisiete días más tarde de que la opinión pública asturiana quedara conmocionada con las detenciones de Riopedre, Otero y Renedo, el Parlamento tuvo a bien debatir sobre el asunto, dentro de un mar de cautelas suscitadas por el secreto que pesa sobre el sumario y por la melindrosa actitud de nuestros diputados, tan dados a indignarse con anécdotas y compartir silencios sobre hechos graves.

El debate fue un tanto absurdo, porque discutir sobre los sistemas de contratación del Principado es lo mismo que hacerlo sobre los de Navarra, Galicia o Aragón, ya que en toda España son semejantes. Dentro del Principado son los mismos ahora que hace veinte años. La agresividad de Ramón García Cañal fue una pose impostada, porque si quería criticar el dedo largo de la Administración en las adjudicaciones de proyectos, lo mejor sería levantar la vista y contemplar cómo Jaume Matas, en Baleares, revoca el Derecho Administrativo con pasmosa facilidad. Y anda libre por la calle. El debate fue doblemente absurdo porque no tiene sentido convocar un pleno en las presentes circunstancias sin hablar de Riopedre, Otero y Renedo. Una cosa es la imposibilidad de debatir sobre los indicios de culpabilidad o la presunción de inocencia y otra, discutir políticamente sobre la situación creada.

Tiempo muerto

Lo más importante es que la Junta General del Principado volvió del paréntesis navideño con las segundas rebajas en los escaparates. Debe recordarse que el Parlamento asturiano terminó las vacaciones de verano el 14 de octubre, con la celebración del pleno sobre el estado de la región. Cualquier ejercicio intenso tras un periodo de inactividad es propicio para lesiones, así que aquel día la oposición optó por un discurso corto, como ya había tenido ocasión de advertir, informalmente, ante una jofaina, un destacadísimo representante de la oposición a un altísimo representante del Gobierno, dejándolo boquiabierto.

En la víspera del Día de Asturias se celebra un pleno protocolario, y al terminar la sesión vuelta a la manga corta y las bermudas hasta mediados de octubre. El calendario parlamentario asturiano está lleno de vacaciones y tiempos muertos, mientras que los periodos de actividad no se caracterizan por su producción legislativa. La práctica totalidad de las leyes anunciadas y programadas en las dos últimas legislaturas han quedado en mera declaración de intenciones. Hay una excepción a tanta atonía: el proyecto de presupuestos del Principado que el Parlamento aprueba, puntualmente, aunque la negociación sobre las cuentas se realiza en el Gobierno, fuera de la Cámara. El Pleno de la Junta General del Principado despacha los presupuestos en una jornada y luego a votar según dicta la aritmética de la mayoría absoluta. Uno de los presidentes que tuvo la Cámara me comentó un día que el Parlamento era la casa de la oposición. Se nota. La excepcional situación creada en torno a las minas de carbón y la situación límite en que viven las explotaciones ganaderas quedaron reducidas a un asunto menor en la Junta General del Principado.

BIC

El pasado viernes, IU presentó una proposición no de ley para incoar un expediente que tenga como finalidad declarar Bien de Interés Cultural (BIC) al Campo San Francisco de Oviedo. Llegaba así a la Junta General del Principado una meritoria iniciativa popular, avalada por 20.000 firmas, liderada por Roberto Sánchez Ramos, el concejal más activo del consistorio carbayón en las dos últimas décadas. Entre las firmas estaban las de dos ex alcaldes de Oviedo y la plana mayor del profesorado de Humanidades. Preservar el Campo San Francisco, con rango de BIC, supone impedir la construcción de un gran parking en el subsuelo de la calle Uría y el Paseo de los Álamos. Los grupos de izquierda ovetense, sin excepción, están en contra del citado aparcamiento. Un asunto de gran interés para Oviedo y crucial para el devenir político de Gabino de Lorenzo.

Emilia Vázquez, por parte de IU, recordó que recientemente en Madrid se le dio estatus de BIC a la Casa de Campo. Joaquín Aréstegui se opuso, poniendo como ejemplo que los principales parques de Gijón y Avilés tampoco tienen declaración de BIC. La postura de Aréstegui no ofrece dudas: tiene que apoyar sin fisuras todo lo que haga y deshaga el alcalde de Oviedo.

Por el grupo socialista ejerció de portavoz Alfonso Rey, lo que ya constituyó una sorpresa. El diputado por el oriente asturiano señaló que De Lorenzo había mandado una carta a la Consejería de Cultura en la que advertía que si el Campo de San Francisco era declarado Bien de Interés Cultural tendría que indemnizar al Ayuntamiento de Oviedo por impedir el convenio firmado con la empresa promotora del aparcamiento y dueña de Villa Magdalena. Es increíble que un argumento así dé pie al voto de 21 diputados. ¿Qué indemnización tendría que pagar Zapatero a Gallardón por no dejarle refinanciar la deuda con la que paga a desesperados acreedores?

Dentro de mes y medio se disuelve el Parlamento, dejando tras de sí un expediente de inactividad, fuegos artificiales y silencios. Los diputados aspiran a renovar el escaño y los regidores viajan en coches de cristales tintados hasta el fondo de los garajes oficiales.

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