Javier Fernández se ha reunido con la dirección de la UGT de Asturias. Es la segunda vez en el último mes y medio que el candidato socialista a la Presidencia del Principado tiene una reunión de trabajo con Justo Rodríguez Braga y su equipo. En la anterior ocasión, el candidato socialista coincidió con los dirigentes del sindicato en la necesidad de apostar por la concertación social. Esa voluntad ya había quedado apuntada en una conferencia pronunciada por Javier Fernández en Madrid, al ofrecer un “liderazgo compartido” a los agentes sociales.
En la reunión celebrada ayer, Javier Fernández concretó más su propuesta, al decir que se deberían introducir cambios sobre el pacto social vigente, porque el ACEBA se negoció en una época de crecimiento económico y ahora estamos en crisis. Javier Fernández y Justo Rodríguez Braga coincidieron en afirmar que en la futura concertación tienen que tener un papel central la política industrial y la energética.
Todos los candidatos a presidir el Principado propugnan el diálogo social. El aspecto diferencial, en el caso de Javier Fernández, reside en que los socialistas tienen en Asturias una larga trayectoria de acuerdos sociales. En las tres últimas legislaturas hubo pacto. Tras las últimas elecciones autonómicas, cuando IU rompió la negociación con los socialistas, el Gobierno socialista firmó un pacto con UGT, CCOO y la Fade que le sirvió de aval para aprobar en la Junta General del Principado los créditos extraordinarios que evitaron el bloqueo de la acción del Gobierno regional. Lleva razón Javier Fernández cuando habla de la necesidad de introducir cambios para adaptarse al contexto de crisis. Ahora le toca decir qué cambios propone más allá de reforzar la política industrial y energética. A mí entender hay dos asuntos capitales. El Principado no puede volver a financiar cuantiosas inversiones como en anteriores acuerdos. Ya no hay dinero para más planes “A”. Falta por ver si sindicatos y empresarios están preparados para llegar a acuerdos con escasez de recursos económicos. Hasta ahora, la política de concertación social consistió en realizar demandas al Gobierno regional y este tiraba de chequera para satisfacer las peticiones. Esa fórmula está agotada. La segunda cuestión tiene que ver con las rentas salariales y los excedentes empresariales. Para otro día.
