Los candidatos a la Presidencia del Principado han propuesto la realización de un pacto social para la próxima legislatura. En actos de precampaña han realizado frecuentes guiños a sindicatos y empresarios, convertidos en referentes de sus discursos. Como a izquierda y derecha se predica el acuerdo con los agentes sociales, hay que concluir que la promesa del pacto produce beneficios electorales y nadie quiere dejar la bandera de la concertación en manos de los competidores.

Un amplio acuerdo entre el Principado, Fade, UGT y CCOO transmite la imagen de consenso sobre las medidas que llevan a cabo las instituciones autonómicas y amplia la base social en la que se apoya el Gobierno regional. Llegar a acuerdos con fuerzas antagonistas está muy bien visto por la sociedad. Todo acuerdo social refuerza políticamente al Gobierno. El mejor ejemplo de ello es lo que sucedió al inicio de esta legislatura, cuando Álvarez Areces quedó investido como presidente en minoría parlamentaria. La forma de librarse de la “pinza”, PP-IU, consistió en acelerar la concertación social llegando a un pacto pormenorizado que incluía muchas medidas que debían ser aprobadas por la Cámara. Los agentes sociales presionaron para que se aprobaran los presupuestos del Principado y, en su defecto, lograron que obtuvieran luz verde dos créditos extraordinarios que aportaron los recursos necesarios para llevar a cabo las políticas que proponía el Gobierno regional. Para la derecha es muy incómodo hacer política en contra de los empresarios, aunque Ovidio Sánchez lo haya hecho, y la izquierda paga muy caro el divorcio con los sindicatos.

Deberes

En las tres últimas legislaturas se firmaron pactos económicos y sociales: Pacto Institucional por el Empleo (PIE), Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo (ADECE) y el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA). Se trata de acuerdos extensos que incluyen las más variadas medidas, que van desde aspectos puramente laborales, de competencia intrínseca de los agentes sociales, hasta propuestas y objetivos sobre servicios públicos que son de exclusiva responsabilidad del Gobierno. La propia materia sobre la que versa el pacto constituye una especificidad asturiana, al desbordar el marco en el que se desenvuelven la actividad económica y laboral, para invadir todas las áreas de gestión del Gobierno. La concertación asturiana, con sus reuniones de supervisión del pacto, funciona como una segunda Cámara, en la que rinde cuentas el Ejecutivo ante los agentes sociales.

Si la materia de los pactos es muy extensa, la distribución de papeles dentro de los mismos es muy especial. La dinámica de la concertación se basa en hacer un prolijo inventario de propuestas económicas, sociales y laborales, que pasan a convertirse, tras la firma, en obligaciones para el Principado, con un calendario detallado de aplicación. Los agentes sociales proponen y reivindican, y el Gobierno regional asume. Como la medida y el peso de los compromisos políticos se cuenta en dinero, en el último acuerdo (ACEBA) las inversiones comprometidas por el Principado superaban los 2.300 millones y sumadas al capítulo de financiación se alcanzaba una suma de recursos global de 3.600 millones (58% más que en el anterior pacto), con una cláusula en la que se especificaba que en caso de prórroga presupuestaria el Ejecutivo asumía el 75% de las cuantías anotadas.

¿El resto de los firmantes qué compromisos asumen? ¿Tiene sentido llegar a ese tipo de vastos acuerdos fuera del Parlamento? ¿Cabe condicionar al Principado con un documento que se convierte en hoja de ruta del Gobierno? ¿Este modelo de concertación social debe tener continuidad o hay que introducir importantes modificaciones?

Austeridad y rentas

La concertación social asturiana se basó en la expansión económica, que en Asturias duró hasta el verano del año 2008, cuando ya se habían ejecutado los dos primeros acuerdos y el ACEBA llevaba ocho o nueve meses de andadura. Tras las elecciones de mayo, el próximo Gobierno tendrá que seguir una política de austeridad, con recorte de gasto y escasez de ingresos ¿Están los agentes sociales mentalizados para negociar un acuerdo que no ponga más recursos encima de la mesa, sino que los aminore? La idea de que invertir es bueno va a ser corregida por la cuantía del déficit público, así que no caben alegrías en el gasto. Por poner un ejemplo: el Plan A no podrá tener continuidad. La austeridad cambiará el guión de la concertación asturiana.

Si el gran bien público a impulsar es el empleo, hace falta que el Gobierno regional y sus interlocutores den un salto en el modelo de concertación y abran una discusión sobre el excedente empresarial en un momento en que hay 86.000 trabajadores en paro. A todos, empleados y parados, nos conviene que haya el mayor excedente empresarial posible porque aumentarán las inversiones y la demanda de trabajo. En esto hay que ser muy claro: el ajuste en España se hace a costa de expulsar a trabajadores del mercado de trabajo en una proporción muy superior a la de los países de nuestro entorno. Cabe llegar a una entente en que los sacrificios salariales sean a cambio de mantener la mano de obra empleada o de ampliarla. Soy consciente de que los convenios tienen autonomía sobre esas materias, pero también el Principado tiene soberanía sobre casi todos los asuntos incluidos en los acuerdos firmados hasta la fecha. Fernández, Espinosa, Cascos e Iglesias tienen la palabra.