El Ministerio Fiscal ha pedido que Riopedre siga encarcelado mientras continua la investigación protegida por el secreto sobre el sumario. La fiscal, María Luisa García, ha dicho que el exconsejero formaba parte de un entramado delictivo que se dedicaba a intervenir en los concursos públicos para que determinadas empresas fueran las adjudicatarias. La exposición del Ministerio Fiscal nos devuelve a las sensaciones experimentadas hace un mes, cuando vimos a Riopedre esposado, camino de la cárcel, con un conjunto de delitos adosados a su espalda que suponían un mentís a todo lo que sabíamos de él. Un hombre bueno convertido en malo.

La contradicción es flagrante, porque de la seriedad y la profesionalidad de la fiscal y la jueza no hay duda, como tampoco la hay de la imagen de Riopedre, un ciudadano austero, trabajador, entregado a la mejora de la enseñanza, alejado del mundo del dinero, propietario de un reducido número de bienes. Un peatón sin asomo de lujo a su alrededor. Todo el mundo es presuntamente inocente, pero es más inocente, aún, quien lo aparenta. Resulta imposible hacer una síntesis entre el delincuente que favorece a empresas que buscan lucro con el dinero de los ciudadanos y el profesor austero, preocupado por el bien público. Una cosa o la otra. La única forma de ordenar ese choque de mensajes opuestos consiste en levantar el secreto del sumario. La jueza decidirá cuándo es el momento procesal oportuno.

La fiscal ha añadido que cuando se levante el secreto igual sabremos la razón de la dimisión de Riopedre como consejero de Educación. Esta valoración no tiene nada que ver con los presuntos delitos y obliga al Principado a dar una respuesta nítida. El pasado cuatro de agosto dimitía Riopedre, alegando una cardiopatía severa, dando a conocer un diagnóstico médico que le obligaba a renunciar por ser incompatible su salud con cualquier situación de estrés. La portavoz del Gobierno y el presidente también corroboraron la dimisión por motivos de salud. Ahora, la fiscal da a entender que el motivo de la dimisión fue otro, con lo que la sociedad pudo haber sufrido engaño. Riopedre habrá o no prevaricado y cometido cohecho, pero el Gobierno regional debe aclarar los motivos de la dimisión. Se trata de una cuestión política sobre la que no pende ningún secreto de sumario. El Gobierno debe salir a la palestra.