En una conferencia, Antonio Arias reconoció que la Sindicatura de Cuentas se encuentra politizada, porque los partidos utilizan sus dictámenes como munición de ataque en el debate partidario. Tiene razón el síndico, pero debería preguntarse por qué razón se ha entrado en una dinámica tan perversa. En primer lugar, hay que constatar que los síndicos renunciaron a mantener un perfil institucional, conservando la sintonía con los partidos que los promovieron para el cargo. En seis años de ejecutoria, la actividad de los síndicos ha tenido un doble perfil: fiscalizadores de entes gobernados por partidos que no los propusieron y escudos humanos de instituciones gobernadas por el partido que los propuso. Un doble baremo que no se hubiera producido si los titulares de la Sindicatura se hubieran olvidado de su anterior militancia. No acabó ahí la politización de la institución, porque dentro de la Sindicatura se reprodujeron las estrategias parlamentarias, siendo de gran éxito el modelo de la “pinza” (PP e IU contra el PSOE), quedando en un segundo plano las resoluciones por unanimidad.

Hay otra vertiente en la politización de la Sindicatura de Cuentas que no tiene que ver con los titulares de la institución sino con los partidos políticos. El mismo Parlamento que cayó en el error de nombrar a personas vinculadas a grupos políticos, trató de utilizar los informes de la Sindicatura como argumento principal de la dialéctica, Gobierno/ oposición. No obstante, con tensiones y dificultades, las formas se fueron salvando hasta que la institución abordó el asunto de Villa Magdalena. El envío del informe al Tribunal de Cuentas y la posterior remisión del mismo a la Fiscalía Anticorrupción hizo que se produjese el cortocircuito. Concejales del Ayuntamiento de Oviedo y la plana mayor del grupo parlamentario del PP lanzaron una furibunda diatriba contra el síndico mayor, anunciando que vetarían su renovación, y en pleno ataque de nervios pidieron la clausura de la Sindicatura de Cuentas. Cuando el mensaje es negativo se impone matar al mensajero.

Como bien señaló Álvarez-Cascos, el escándalo de Villa Magdalena no hubiera derivado en petición de responsabilidades sin la actuación del síndico mayor. Una situación completamente anómala: un acusador y un sinfín de abogados defensores, síndicos incluidos.