Los titulares de portada llevan quince días copados por la actualidad internacional. De Japón a Libia y de esta a Portugal. Seísmo, guerra y rescate económico: las ciudades inundadas, las tiranías zarandeadas y los países de la UE entregados a marchas forzadas a la realización de los deberes económicos. En este mes de marzo se dieron más pasos para la gobernanza europea que en una década de euro. Las urgencias provocadas por concertar planes de rescate para países en bancarrota han llevado a Alemania a exigir dieta económica al resto de gobiernos. El pasado viernes, el Consejo Europeo aprobó la creación de un fondo para rescates de 500.000 millones de euros, corriendo a cargo de Alemania el 27% de la dotación. A cambio, Merkel exigió sus socios: contención salarial, reformas laborales y control del gasto en educación, sanidad, prestaciones sociales y pensiones.

Multas

Zapatero, con Merkel y Sarkozy, encabezó la lectura de sus compromisos, que el próximo mes deberá detallar de manera definitiva en Bruselas. De las medidas propuestas por el presidente español destaca un plan para aflorar la economía sumergida y una regla de gasto que limitará la capacidad de asumir facturas del Gobierno, y que pretende trasladar a las comunidades autónomas, previa discusión en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. La cosa va en serio, porque alemanes y franceses ya impusieron un sistema de multas, de modo que cualquier país que supere el 3% del déficit o el 60% de deuda va a tener una penalización del 0,2% de su PIB. En el caso de España, sobre los 2.000 millones de euros. Hay más sanciones por otros conceptos, como la existencia de burbujas inmobiliarias.

Por su parte, Rajoy quiere aprobar en el Parlamento la fijación de un techo de gasto para las comunidades autónomas. El sistema de gobierno de regiones y ayuntamientos va a experimentar un cambio sustantivo. De momento, la minoría de edad de los políticos autonómicos y municipales les permite prolongar la fase de interesada inocencia en la que habitan. El mejor ejemplo son los munícipes socialistas que van a hacer campaña electoral, orgullosos de los 13.000 millones de euros entregados por el Gobierno central para construir piscinas y pistas deportivas. Presumen de haber recibido la mayor inversión de la historia. Será la última.

Guste o disguste, todo un sistema de funcionamiento toca a su fin. Da igual que quede o marche Zapatero, porque la orgía de déficit y deuda acaba de ser prohibida en la UE. Hace diez meses conocimos el primer plan de ajuste, que recayó más sobre las espaldas del Estado que de los gobiernos autonómicos. Ahora le toca el turno a las regiones.

La fijación de un techo de gasto para los presupuestos autonómicos es un torpedo para la filosofía de IU, siempre dispuesta a aumentar las partidas de las consejerías, con independencia de lo que sume la factura global. Se dirá que a estas alturas carece de sentido hablar de la estrategia de IU, porque no tiene ninguna garantía de formar parte del próximo Gobierno. En cualquier caso es bueno anotarlo.

Pactos caros

Otra cuestión que va a serse profundamente afectada es la concertación social, al menos tal como se entiende en Asturias. Desde hace doce años, los pactos sociales han sido una fuente de crecimiento del gasto. En el año 1.999, la firma con los agentes sociales costó 530 millones de euros, y en esta legislatura se elevó a más del cuádruple. Se podrán hacer pactos sociales sobre limitación de rentas y destino de excedentes empresariales, pero no se pueden rubricar documentos tan costosos, por el simple hecho de ofrecer amables “fotos de familia” a la sociedad asturiana.

Los ayuntamientos, como las cajas de ahorro, se verán sometidos al dilema de fusionarse o capitalizarse. No habrá planes en forma de abecedario: ni “E” ni “A”. La propuesta lanzada en Asturias por Cristóbal Montoso, de transferir las competencias sobre servicios sociales a los consistorios no prosperará. Dada la experiencia acumulada, en esta materia hay una regla de oro: si se quiere desbocar el nivel de gasto no hay que hacer otra cosa que transferir nuevas competencias a las comunidades y a los ayuntamientos. En cinco años se duplica el gasto sin mejorar la eficacia.

Por último, el partido o los partidos que sustituyan al Ejecutivo presidido por Álvarez Areces, deberán tener en cuenta que así como en los tres últimos años se creó una consejería invisible, la “Consejería de la Deuda”, que tiene una partida presupuestaria de 212 millones de euros, habrá que hacer un hueco en el organigrama del Gobierno a la “Consejería del Ahorro”, para sanear las cuentas antes de que se eleven con fuerza los intereses. Cada vez más, administraciones y empresas tendrán que hacer planes de inversión en clave de autofinanciación.

Como el patio autonómico está descontrolado, otras regiones están en mucha peor situación que Asturias, y en lo que resta de año saltará el sistema de financiación autonómica por las nubes. Al depender mucho del flujo de recursos que llega de Madrid, con pensiones incluidas, lo mejor será que nos pongamos a hacer los deberes nada más pasar las elecciones.