Ana Rosa Migoya dice que la gestión de los fondos mineros es ágil y que el nivel de ejecución de los proyectos es muy elevado, casi total. Las declaraciones de la consejera portavoz del Gobierno llegan tras la queja de los sindicatos mineros; los dirigentes del PP se sumaron a las protestas sindicales. De todos los asuntos que ocupan la agenda de la política asturiana, puede que no haya otro en que la labor de oposición del PP haya sido tan diligente.

La aplicación de los fondos mineros es un asunto complejo. La cuantía de los mismos se sustanció en una negociación entre el Gobierno central y las organizaciones sindicales del sector. La transformación de la cobertura financiera de los fondos en proyectos concretos (infraestructuras, empresas, formación, becas) depende del acuerdo entre el Principado y la Administración central, pudiendo los sindicatos hacer propuestas. A todo ello hay que añadir que una parte de los fondos se gestiona desde los ayuntamientos. Desde la ejecución del primer programa de fondos mineros, los sindicatos fueron muy críticos con la gestión realizada por el Principado. Bien es cierto que en aquella época, los sindicatos estaban aliados con el Gobierno de Aznar, y el Principado no sólo recibía críticas, sino que se sentía impotente para reservar dinero de los fondos a proyectos tan perentorios como los enlaces de la autovía minera. Con Zapatero en el Gobierno, la relación entre las dos administraciones –central y autonómica- fue muy armónica y los sindicatos perdieron su privilegiada posición para decidir sobre los proyectos.

La aplicación de los fondos mineros siempre tuvo retrasos, porque una cosa es decidir en qué localidad va un polígono industrial y otra muy distinta redactar el proyecto, tramitarlo y ejecutarlo. Máxime, cuando algunas infraestructuras se pretenden localizar en zonas inundables. Dicho esto, hay que añadir que el retraso de los fondos mineros sólo se da en Asturias y en Castilla y León, pero no en Aragón o en otras regiones. CCOO acaba de proponer que la gestión de los fondos se centralice en un solo organismo. Se trata de una propuesta muy interesante que tiene un problema: dentro de un mes hay comicios autonómicos y antes de un año se celebrarán elecciones generales. Para cambiar el modelo de gestión será preciso el visto bueno de los nuevos gobernantes.