A tres semanas de las elecciones autonómicas, el follón de las comunidades no está en las campañas electorales, tan previsibles en insultos, exageraciones y vacío de ideas, sino en las tensiones territoriales por el reparto de recursos. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó los planes de equilibrio presupuestario de siete comunidades autónomas, entre las que se encuentra Asturias, y rechazó las propuestas de seis regiones, entre las que están Cataluña, Andalucía y Valencia. Sobre el papel todos los gobiernos participan de la misma hoja de ruta presupuestaria que conduce a tener un mínimo déficit público del 1% en el año 2014. Pero bajo la apariencia del acuerdo, las desavenencias son tan manifiestas que el modelo de financiación autonómica, consensuado tras una larguísima negociación de dos años, está a punto de saltar por los aires.

Como siempre que hay un problema con las comunidades autónomas, el Gobierno de Zapatero pone sordina a las diferencias. Aunque no se la haya dado la suficiente importancia, las dificultades empezaron a finales del pasado año, cuando el plan de ajuste de España negociado por el Gobierno en Bruselas fue incumplido por muchas comunidades autónomas. Las regiones tenían marcado un tope de déficit del 2,4% y trece de ellas lo excedieron. En la mayoría de los casos no fue cosa de unas pocas décimas. El mayor descaro correspondió a Castilla-La Mancha, que cerró el ejercicio con un déficit del 6,4%. La opacidad de las partidas autonómicas permite que en un lapso corto de tiempo haya variaciones grandes en la rendición de cuentas: los números rojos de Cataluña se triplicaron desde los datos aportados por el tripartito de Montilla hasta los desvelados por el Ejecutivo de Artur Mas. Elena Salgado quitó hierro al asunto y los barones autonómicos sacaron dos conclusiones: el déficit es un objetivo flexible y el Gobierno asume retrasos en el ajuste.

El segundo síntoma de que las cosas no iban bien llegó con la facilidad de los líderes autonómicos de mezclar dinero con sentimientos, emitiendo bonos patrióticos a unos tipos de interés desorbitados que se aprestan a comprar los ciudadanos convencidos de que la bandera y la patria no pueden quebrar. Entre Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Baleares, Andalucía y Castilla y León hay deuda emitida por valor de 51.898 millones, a unos tipos de interés que oscilan entre el 4,2% y el 4,8%. El Banco de España está dispuesto a impedir que las entidades financieras capten depósitos con un interés superior al 3%, pero los gobiernos regionales salen al mercado con unas ofertas agresivas a la altura de su desesperada situación financiera.

El tercer síntoma, y con él empieza la batalla, se puso de manifiesto en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando Elena Salgado notificó a los consejeros de Hacienda autonómicos que no va a transferir por adelantado las partidas del Fondo de Competitividad (para las regiones ricas) ni el Fondo de Cooperación (para las atrasadas). Todos los gobiernos regionales habían confeccionado los presupuestos de 2011 contando con ese ingreso. Asturias se queda sin 90 millones de euros; Valencia, sin 633; Castilla y León, sin 724; y Cataluña, sin 1.450. El Gobierno aduce el contenido de la ley para no adelantar los fondos hasta que se haga la liquidación del ejercicio dentro de dos años, pero los gobiernos autonómicos aseguran que tienen a su favor argumentos jurídicos y la práctica seguida hasta ahora por el Gobierno central que adelantaba el dinero.

Todo este desbarajuste llega en el preciso momento en que desde las autonomías hay que empezar a devolver la friolera de 25.000 millones de euros al Gobierno central, por anticipos excesivos recibidos en los primeros años de la crisis. El dinero no estira como los discursos. Conclusión: las comunidades autónomas incurrirán en nuevos incumplimientos y crecerá su endeudamiento.

Ante un cuadro así toca constatar que el problema político creado es tan grande como el económico. El recién estrenado modelo de financiación autonómica no es válido para tiempos de crisis. Los recursos contenciosos de las comunidades ante el Estado irán en paralelo a las exigencias políticas. Una vez más, en esta materia va a marcar tendencia la Generalitat. De momento ya dice explícitamente que no va a cumplir las previsiones de déficit establecidas para este año (¡Cómo si las hubiese cumplido en 2010!), y a medio plazo empezará a reclamar el sistema del cupo, por el que se rige el País Vasco.

La tensión crecerá muchos enteros después de las elecciones autonómicas, al aumentar los gobiernos regionales de signo popular. La posibilidad de llegar a una entente global, basada en la reducción de los entes públicos autonómicos (2.386 entre las diecisiete regiones) y la mayor coordinación de los servicios públicos para generar ahorro, quedará descartada. El acuerdo con las formaciones nacionalistas, con el que pretendía Zapatero aprobar el último presupuesto de la legislatura, va a quedar también en el aire. No es posible el equilibrio presupuestario sin solidez política.