Las filtraciones del sumario del ‘caso Renedo’ rompen la campaña electoral. Los candidatos no hablaron del paro ni del gasto en sanidad y educación. Todos se concentraron en la corrupción, con el centro-derecha al ataque y el socialismo anunciando más transparencia que nunca. Javier Fernández propone transparencia y humildad. Isabel Pérez-Espinosa asegura que el candidato socialista es un heredero de las irregularidades del ‘arecismo’ y reclama explicaciones. Por su parte, Francisco Álvarez-Cascos se marca como objetivo acabar con la corrupción y para ello adelanta dos medidas concretas: suprimir entes públicos y cambiar el sistema de adjudicación de obras y servicios, optando siempre por la propuesta más ventajosa, desde un punto de vista técnico y económico.

El traslado del caso de los juzgados de Gijón a Oviedo, tantas veces pedido por la acusación del Principado y por las defensas, le origina problemas sobreañadidos a los socialistas al haber decidido el nuevo juez el levantamiento del secreto sobre el sumario. Los diálogos entre los acusados que aparecen en los legajos, gracias a los teléfonos pinchados, dejan estupefacta a la opinión pública. Estoy convencido de que conversaciones semejantes se podrían encontrar en cualquier otra Administración española, si se intervienen los teléfonos, pero eso importa muy poco, porque lo cierto es que el asunto ha estallado en Asturias, afectando a empresarios, funcionarios y responsables políticos regionales. El escándalo contamina todo; basta que en las conversaciones citadas aparezcan dirigentes socialistas que quedan para hablar o tomar un café con los empresarios imputados, para que un manto de sospecha se extienda sobre ellos.

Hay métodos de trabajo que se pueden cambiar para dificultar las prácticas corruptas. Por ejemplo, la presentación de ofertas por parte de empresas fantasma, controladas por los adjudicatarios de la mayoría de los concursos, es fácil de impedir, si se hace una mínima investigación sobre esas sociedades. La profesionalización de las mesas de contratación, eliminando cargos de confianza y sustituyéndolos por funcionarios de carrera, también dificultaría el cambalache. Restan dos semanas para las elecciones y deberían los socialistas anunciar medidas concretas para evitar que la campaña se centre en la corrupción.

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