Campaña electoral nueva con vicios antiguos. Apenas han transcurrido cuarenta y ocho horas desde la pegada de carteles y el asunto camina por los mismos derroteros que en las últimas convocatorias a las urnas. La primera medida que toman la mayoría de los candidatos consiste en evitar compromisos concretos. Para entendernos: nadie va a anunciar algo análogo a la supresión del peaje del Huerna. Aquello fue un exceso verbal de Zapatero que siete años más tarde le siguen echando en cara.

Para que el público no se dé cuenta de lo que ocultan los candidatos se utilizan dos trucos. El primero consiste en visitar a los más diversos colectivos para mostrar su disposición a asumir todas sus peticiones. « ¿Nos ayudarás?» «Por supuesto». Y a correr. El segundo truco es también muy manido: ofrecer pactos sobre los problemas que hay encima de la mesa. Un pacto por la Educación, por la Sanidad, por la competitividad, por la movilidad, por la natalidad, por el empleo, por cualquier cosa. No se dice nada sobre posibles soluciones, se queda bien proponiendo diálogo. El papel del candidato se metamorfosea en una especie de mediador que convoca a discutir sobre los problemas, eludiendo el riesgo de avanzar soluciones.

Hay dos asuntos que resultan obligados en las campañas electorales de las democracias maduras que deberíamos tener en cuenta: es obligatorio presentar un programa electoral y hay que referirse a potenciales coaliciones de gobierno. Los candidatos deben decir lo que van a hacer y con quién. Si no se quedan nítidamente reflejadas esas cuestiones el voto se convierte en un cheque al portador. Sin un compromiso explícito por parte de los candidatos, la relación entre representantes y representados no genera vínculos. El gobernante puede hacer lo que le dé la gana.

En todo tipo de elecciones (generales, autonómicas y municipales) los líderes deben anunciar lo que van a decidir sobre los impuestos. Entre otras cosas, porque los pagamos todos los ciudadanos. No me refiero a realizar referencias genéricas sobre la presión fiscal, sino en cada tributo concreto. Por ejemplo, si se sube el IRPF en el tramo autonómico tiene que constar en el programa electoral, no puede ser una medida que surja tras la discusión de dos socios dentro de un gobierno de coalición.

Hay otros asuntos de gran importancia sobre los que resulta obligado conocer la postura de los partidos. Estoy pensando en cuestiones como la reducción del déficit público o el recurso al endeudamiento. La repetida fórmula de controlar y racionalizar el gasto público no significa nada. Hacen falta medidas y cifras. En qué áreas se piensa recortar, cómo y cuándo. ¿Vamos a endeudarnos más o vamos a amortizar deuda? Al año pagamos 212 millones por servirnos de la deuda, así que la cosa tiene su importancia.

Al tratarse de elecciones autonómicas es fundamental posicionarse sobre los asuntos de estricta competencia regional: Sanidad, Educación y Servicios Sociales ¿Se va a contratar a más funcionarios públicos o se reducirá su número? ¿Cuántas áreas sanitarias tiene que haber? ¿Habrá una especialización en el trabajo de los hospitales comarcales? ¿En qué medida y en qué plazos se comprometen a reducir las listas de espera? ¿Se implantará algún otro test de cribado para advertir la aparición temprana de síndromes graves? ¿Cómo se va a reducir el gasto farmacéutico? ¿Se revisará la carrera profesional ligando los complementos a objetivos clínicos? ¿Cómo se mejora la calidad de la enseñanza? ¿Se publicarán los resultados que obtengan los colegios en las pruebas de carácter general que se hagan por ciclos? ¿Se revisará el contenido de los programas escolares? ¿Qué se va a hacer para mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras? ¿Se relacionará el complemento de la carrera profesional con el avance de conocimientos de los escolares? ¿Cómo se va a gestionar las prestaciones de la Dependencia? ¿Seguirá siendo un sistema que se limita a convertir en sueldo el cuidado de los familiares? ¿Es de recibo que se espere más de un año por el acceso a prestaciones? ¿Se facilitará la oferta de geriátricos privados o seguirán bajo sospecha del censor público?

Pactos. Es normal que todos los partidos digan que aspiran a gobernar por sus propias fuerzas. Pedir ayuda es síntoma de debilidad. Pero una cosa es querer ganar por mayoría absoluta y otra muy distinta no advertir al electorado de las alianzas que se pueden firmar y los límites que establecen a sus compromisos. El ciudadano tiene que saber lo que hay detrás del voto que emite en el caso de que la papeleta se convierta en opción de gobierno. En la actualidad, ni el más minúsculo partido desvela las alianzas que tiene en mente.

Por último. Los asuntos candentes de la actualidad exigen repuestas concretas. Si se quiere combatir la corrupción, dígase cómo ¿Se cambiará la composición de las mesas de contratación? Dos palabras, por favor.

Sin programas electorales, sin saber nada sobre posibles coaliciones, sin respuestas a los problemas del momento, los candidatos electorales quedan liberados de compromisos. Hasta tal punto es así, que hasta en las sesiones de investidura los candidatos eluden ‘mojarse’ delante de un puñado de diputados.