Foro y PP se han sentado a negociar con los programas electorales encima de la mesa. Puede que sea la forma más normal o convencional de llegar a enhebrar una mayoría parlamentaria, pero no es forzosamente el único camino para gobernar. En las dos últimas legislaturas, PSOE e IU compartieron el poder en el Principado a partir de un documento que pergeñaron durante las sesiones negociadoras, dejando a un lado sus respectivas recetas electorales. Si los dos grupos de izquierda hubiesen empezado por buscar el denominador común de sus ofertas a los ciudadanos hubiesen recorrido un camino más largo y, tal vez, no hubieran llegado a buen puerto.

La gente cree que los programas electorales son sagrados, aunque la mayor parte de la población no lea jamás su contenido. En España nos movemos entre dos polos marcados por Tierno Galván y Julio Anguita. El ‘viejo profesor’ decía que los programas estaban hechos para ser incumplidos y el ‘califa’ sólo se sentaba a negociar a partir de la máxima «programa, programa, programa». No creo en el fundamentalismo de los programas electorales, porque la experiencia indica que la mitad de las decisiones de los gobernantes vienen dictadas por la coyuntura.

Cuando PSOE e IU presentaron el primer Gobierno de coalición de la izquierda, anunciaron un amplio paquete de leyes. Normas que, por su enunciado, ya se intuía que eran importantes. Con el segundo Gobierno de coalición se repitió el intento de transformar la realidad a partir de grandes iniciativas legislativas. Tras ocho años de camino en común, casi ninguno de esos proyectos legislativos llegó al Parlamento. En el pasado mandato, la única norma de nueva planta fue la Ley de Comercio. ¿En qué quedó aquel programa de gobierno? ¿Se refirieron alguna vez al mismo los socios del Gobierno de coalición o el partido de la oposición (PP)?

La izquierda no gobernó a partir de sus programas electorales, sino de la hoja de ruta confeccionada con empresarios y sindicatos: ADECE, en el primer mandato, y ACEBA, en el segundo. El resto de las decisiones vinieron marcadas por la crisis económica, por eso Álvarez Areces tuvo que recortar gastos, rebajar salarios públicos y subir impuestos. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora?

Presente

Foro y PP se han enfrascado en la tarea de negociar con el programa abierto encima de la mesa. En una primera lectura se ve que hay concordancia entre los textos, aunque el programa de Foro es extenso y el del PP parezca un resumen. El problema para ponerse de acuerdo entre los dos partidos empieza en todo lo que tiene que ver con el proceso negociador y queda fuera de los programas. El PP quiere conocer el techo del gasto público, la cuantía en que se va a reducir la deuda, las rebajas fiscales, la previsión presupuestaria de la sanidad («no aceptaremos ningún recorte»), las medidas a tomar para conocer el origen de los sobrecostes del HUCA y la garantía que se establece para mantener el salario social.

Es un conjunto disperso de demandas imposibles de atender mientras no se gobierne. ¿Cómo se puede poner techo al gasto, si no se conoce su actual dimensión? ¿Quién es capaz de anticipar las rebajas fiscales sin saber los ingresos que se obtienen? Hay otros aspectos muy curiosos en la filosofía presupuestaria del PP, al asegurar, a priori, que no se puede quitar ni un euro de sanidad, educación y servicios sociales. Hasta ahora, ese tipo de afirmaciones eran privativas de IU. Si, por dogma, las tres áreas son intocables, los desequilibrios presupuestarios serán incorregibles. En cuanto a la causa de los sobrecostes del HUCA, no hace falta ser un diputado correoso ni un detective privado para saberla, porque está delante de las narices: el cambio del proyecto, con un gran crecimiento de la superficie construida. En cualquier caso, el intento de hacer un programa de gobierno a partir de los sobrecostes de un edificio público construido en el anterior mandato es una aportación interesante a la ciencia política.

Ejemplo

El PP aportó a la negociación dos folios sobre austeridad y transparencia, que coinciden con las clásicas demandas que hacen las oposiciones a los gobiernos: reducir consejerías, rebajar sueldos, quitar asesores, aligerar la flotilla de coches oficiales. La dificultad del PP en esta materia reside en que no practica con el ejemplo. PSOE y PP impusieron la fuerza de sus 25 escaños para aumentar las asignaciones a los grupos parlamentarios, de modo que aunque la Cámara siga teniendo 45 escaños, contará para el próximo curso con un incremento de 400.000 euros. Igualmente, los dos partidos decidieron elevar el sueldo de los portavoces adjuntos (como todo el mundo sabe, una figura esencial para el sostenimiento de la democracia) en 5.000 euros al año.

Como los programas de Foro Asturias y PP coinciden, es preciso fabricar aristas artificiales por si De Lorenzo rechaza el pacto que piden los electores de los dos partidos. Por eso la negativa de los negociadores del PP a levantar acta de los acuerdos. Es probable que al final impere el sentido común y acuerden una mayoría de Gobierno. No obstante, toca constatar que hay un vivo contraste entre la facilidad con que pactó el PP el control del Parlamento con el PSOE y las resistencias que muestra para formar una mayoría de investidura con Foro Asturias, pese a la afinidad de los programas.