La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebra hoy, refleja la asimetría entre el poder central, aún en manos de los socialistas, y la hegemonía del PP en el mapa autonómico. Elena Salgado quiere extender a las regiones el techo de gasto asumido por la Administración central, de modo que los aumentos de gasto vayan en consonancia con el incremento del PIB. En la reunión también se abordará la petición de los gobiernos autonómicos consistente en aplazar la devolución de dinero al Gobierno central, una deuda derivada de haber recibido más dinero del que se preveía recaudar en los ejercicios de 2008 y 2009. Dudo mucho que los acuerdos logrados en anteriores reuniones se repitan en el día de hoy.

Ramón del Riego, consejero de Hacienda y Sector Público del Principado, ha solicitado aplazar el pago de la deuda al Estado. Asturias tiene que devolver 171 millones, correspondientes al exceso de dinero recibido a cuenta de la recaudación de 2008, y 588 millones del 2009. Las once comunidades gobernadas por el PP también piden el aplazamiento del pago de la deuda. El Gobierno rechaza de plano la propuesta y espera recibir 19.000 millones de euros en cinco plazos anuales a partir de 2012. ¿Quién tiene razón?

Cuando los anticipos entregados por el Estado a las comunidades autónomas eran menores de la cantidad total que les correspondía el Gobierno central saldaba la deuda con diligencia. Con la llegada de la crisis económica la realidad se invirtió y todas las regiones contrajeron una deuda con el Estado. El Gobierno de Zapatero dio facilidades para la devolución, creando un ejercicio de carencia y exigiendo los pagos, sin intereses, en cinco años. En teoría tiene toda la razón el Gobierno central. El problema es que las comunidades autónomas están en una situación límite y no podrán devolver lo que deben en cinco años. Hay comunidades que van a triplicar o cuadriplicar el límite (1,5% sobre PIB) de déficit público establecido para este año. En esas condiciones ponerse a devolver cientos de millones es imposible. Los gobiernos regionales deben aceptar nuevos recortes en el gasto y el Estado tiene que avenirse a renegociar la deuda. Y todo ello bajo la mirada vigilante de los mercados que desconfían de las cuentas regionales. No creo que a unos meses de las elecciones estén las cosas para consensos.