Al Principado de Asturias le toca devolver 150 millones de euros al Estado, en el año 2012. Los socialistas consideran que si el Gobierno regional se acoge a la fórmula de los créditos ICO, ofrecida por Elena Salgado, la cantidad efectiva a entregar será de 75 millones, ya que la otra mitad provendría del crédito oficial. Con ese cálculo el PSOE trata de demostrar dos cosas: los gobiernos de Álvarez Areces han dejado unas cuentas públicas muy saneadas y la propuesta de Elena Salgado es razonable, ya que propone unos plazos de devolución asequibles (150 millones cada año en cinco anualidades).

En efecto, es muy distinta la situación de nuestra región, en términos de déficit público y deuda, de la que tienen otras regiones como Castilla-La Mancha, Cataluña o la Comunidad Valenciana. Podemos devolver 150 millones al año, aunque con grandes esfuerzos. No obstante, el análisis a realizar debe ser más general, porque la propuesta del Gobierno central debe ser idéntica para todas las regiones. Y ahí la propuesta de Elena Salgado falla, porque varias comunidades autónomas no están en posición de transferir un volumen grande de recursos a las arcas del Estado. La vicepresidenta del Gobierno no evitó los excesos de muchos gobiernos regionales y ahora se muestra inflexible exigiéndoles el reintegro de recursos.

Hace falta un pacto entre todos los territorios y eso no se consigue en una única sesión de trabajo convocada a las cinco de la tarde. El método de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera deja mucho que desear. Con reuniones trimestrales de media jornada quiere solucionar problemas de financiación territorial de gran calado que envenenan la política española. Esa diferencia entre la envergadura de los conflictos planteados y los medios que se ponen para resolverlos delata la desconfianza hacia los organismos multilaterales, que deben articular las relaciones autonómicas. La misma situación se vivió durante dos años cuando se discutió sobre el modelo de financiación territorial, con escasas convocatorias del Consejo de Política Fiscal y Financiera y abundantes contactos bilaterales del Gobierno central con las regiones poderosas, como Cataluña y Andalucía. Es difícil entender la parsimonia del Gobierno central cuando los temibles mercados tienen en el punto de mira las finanzas de las autonomías.