Hace unos días, destacados portavoces del PSOE y del PP criticaron la inactividad del Gobierno de Álvarez-Cascos, más pendiente, según ellos, de las elecciones generales que de la tarea de gobernar Asturias. Por su parte, Jesús Iglesias lamentó que los consejeros del Principado fueran mudos; para el coordinador general de IU la prueba de la mudez estaba en la ausencia de declaraciones. La réplica a los portavoces de la oposición llegó con el discurso de Cascos en la ceremonia inaugural de la 55 edición de la Feria de Muestras, al dar a conocer que el Principado acumula una deuda no reconocida oficialmente de 211 millones de euros, consistente en facturas sin contabilizar. Cualquier Gobierno que trabaje con un mínimo de rigor, lo primero que tiene que hacer al llegar al poder es trazar un balance de situación, y a partir de ahí ya se pueden hacer declaraciones.

Lo lógico es que en el cambio del Gobierno socialista al de Foro Asturias se hubiera hecho visible el fajo de facturas que supone un montante de 211 millones. No fue así. Esta cuestión concreta permite abordar algo más general de lo que se habla muy poco: los traspasos de poderes. En España se siguen unas formas versallescas, con palabras contenidas, reconocimientos mutuos y un cuidado ceremonial. Sin embargo, nunca se dice qué nivel de información se pone en manos de los nuevos gobernantes cuando hay un cambio de partido en el poder. Sospecho que la ley no es muy precisa y los que se marchan tienen interés en dejar pocas pistas. La expresión coloquial de «mirar lo que hay debajo de las alfombras» delata que en caso de saldos problemáticos, el manual de comportamiento señala que hay que ocultarlos de la mejor manera posible.

En el pasado otoño, hubo cambio de Gobierno en Cataluña, con la marcha del tripartito de Montilla y la llegada de CiU. En unas semanas, el consejero de Economía, Mas Colell, dio a conocer un agujero en las cuentas de 1.208 millones sin contabilizar. Tras las elecciones del mes de mayo en Castilla-La Mancha, la nueva presidenta, Dolores de Cospedal, denunció que había 1.700 millones en facturas sin cobertura presupuestaria, mientras que José María Barreda, presidente socialista saliente, declaraba que sólo quedaban 700 millones sin contabilizar. Las deudas súbitamente afloradas han hecho que las farmacias manchegas estén quedando sin medicinas, porque el nuevo Gobierno no tiene dinero para costear las recetas expedidas en los centros de salud. Los boticarios no cobran desde el mes de mayo.

Está claro que la información que dan los gobiernos salientes a los gobiernos entrantes dista mucho de ser la necesaria para empezar a gestionar, apareciendo desagradables sorpresas en las primeras semanas de los mandatos. Hay otros aspectos de los traspasos de poder que tampoco son edificantes. Varios ayuntamientos asturianos descubren que no tienen apenas dinero para el último cuatrimestre del año. Curiosamente, en esos mismos consistorios, los equipos de Gobierno salientes elevaron su nivel de gasto después de celebradas las elecciones, para que los recién llegados se encontraran con la caja vacía. Una forma singular de actuar de oposición en los últimos días de ejercicio de Gobierno.

Recuerdo que cuando Gabino de Lorenzo llegó a la Alcaldía de Oviedo, en 1991, se encontró con la caja llena, y tres meses más tarde financió su primer plan de choque con ese dinero. En vez de ponderar el proceder de Antonio Masip, su antecesor, todo el mundo se rió de él. 20 años más tarde, ningún alcalde asturiano actúa como Masip, y los que llegan en vez de encontrar dinero se topan con deudas visibles y ocultas.

¿Cómo se llega a la cifra de 211 millones en facturas sin contabilizar? Con la llegada de la crisis económica en vez de recortar radicalmente gastos el Gobierno de coalición de la izquierda elevó el nivel de endeudamiento. Una parte vía bancos y el resto demorando los pagos a los proveedores.

La deuda del Principado es baja, pero su crecimiento en los dos últimos años fue enorme. Ahora se descubre que además de las deudas reconocidas hay otros 211 millones en pagos pendientes de contabilizar. La retórica del compromiso con los servicios públicos se hizo hipotecando el futuro. Guardar facturas en el cajón para poder aceptar los compromisos solidarios de IU, con aquellos planes de empleo público en los geriátricos de las cuencas mineras tiene estas consecuencias.

Para la economía del Principado, 211 millones es una cantidad sustancial. Si establecemos alguna referencia se aprecia mejor. Todos los intereses por las deudas contraídas con los bancos que tiene que pagar el Principado a lo largo del año se elevan a 212 millones. Se ha dicho que es una cantidad muy grande, mayor, por ejemplo, que el presupuesto de varias consejerías del Principado. Pues bien, las facturas sin contabilizar representan otro tanto.

Más allá del debate político sobre las facturas ocultas, el agujero de los 211 millones va a obligar al Principado a recomponer los planes. No se podrá invertir y gastar en la misma medida, porque las deudas del pasado afloran. Urge un debate en la Cámara autonómica sobre la situación económica del Principado. Es bueno que todos sepan la realidad, aunque para la oposición la verdadera prioridad consiste en saber el patrimonio con el que regresa Cascos a la política.