Lilián Fernández, portavoz de Foro Asturias para asuntos de Hacienda, recuerda a los socialistas las facturas sin contabilizar del Principado durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009, que fueron investigados por la Sindicatura de Cuentas. De lo correspondiente al ejercicio pasado y al presente no hay datos.
Ante la opinión pública no conviene perderse en tecnicismos. Álvarez-Cascos declaró en la inauguración de la Feria de Muestras que había 211 millones de euros en facturas de proveedores sin contabilizar. Ante esta manifestación, la izquierda se sintió aludida, por haber estado gobernando las tres últimas legislaturas, y dijo dos cosas: se trata de gasto desplazado en Sanidad y tiene todas las bendiciones de la Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Que las facturas procedan del gasto sanitario no puede sorprender, porque la Sanidad consume cerca del 40% del presupuesto. Es más, cuando en el año 2008, con los presupuestos prorrogados, hubo que habilitar dos créditos extraordinarios para hacer frente a las demandas de gasto, el segundo de estos créditos (aprobado en verano y por un importe de 101 millones) estaba destinado casi exclusivamente a pagar compromisos en la Sanidad. Este hecho demuestra que las tensiones de tesorería estuvieron siempre muy vinculadas a la Consejería de Salud.
¿Era posible en los siguientes ejercicios recurrir a nuevos créditos extraordinarios para hacer frente al incremento de gasto? En el pasado ejercicio (2010) la situación cambió con el ajuste decretado por Zapatero. En el verano pasado se aplicó la reducción de sueldos a los funcionarios y hubo una generalizada restricción de recursos, excepto para las áreas gestionadas por IU y alguna otra consejería. A falta de una discusión pormenorizada en la Junta General del Principado con datos y facturas, es fácil suponer que la financiación de parte del gasto se hizo por la vía de demorar los pagos, como han hecho la inmensa mayoría de las comunidades. Los socialistas dicen que el Parlamento estaba al tanto del ‘gasto desplazado’. Es indiferente que así fuera, porque la Cámara autonómica no puede cambiar la legalidad. En medio de la crisis económica, con caída espectacular de los ingresos, las comunidades autónomas utilizan a los proveedores como vía de financiación.