Ante la imposibilidad de adoptar soluciones, los distintos agentes que están implicados en la crisis económica se pasan los problemas. Dada la pérdida de capacidad de pago, las administraciones han decidido trasladar sus dificultades a los proveedores, convirtiéndose en deudores morosos. En vez de recurrir al crédito bancario, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno central aplazan el pago de las facturas a los suministradores de bienes y servicios. La ventaja de actuar así es evidente, porque es mucho más sencillo entenderse con empresas pequeñas y medianas que hacerlo con instituciones financieras. Los bancos tienen mucho más poder que los farmacéuticos, por poner un ejemplo, y todo aplazamiento de pago conlleva unos intereses extraordinarios. Es mucho mejor deber una cantidad de dinero repartida entre cientos de acreedores que concentrada en unas pocas entidades.
En Asturias, las administraciones públicas deben 900 millones a proveedores y suministradores. Empresas de reducido tamaño ven peligrar su existencia en el mercado por culpa de la morosidad institucional. En el conjunto de España, la cifra se eleva a 50.000 millones, cuatro veces más que hace un par de años. Empresas constructoras, farmacéuticas y trabajadores autónomos son los grupos sobre los que se concentra esta enorme deuda. Ante la caída de la demanda, las empresas no están en condiciones de vetar a los clientes institucionales, y recurren a ellos como forma de mantener la actividad y el empleo, pero la morosidad en el pago de las facturas compromete la existencia de los negocios. En este contexto resulta un sarcasmo los cacareados planes de ayuda de las administraciones a las empresas, cuando en realidad están pagando las nóminas de los funcionarios gracias al crédito obligado que les dan boticarios, fontaneros y albañiles.
La ley exige pagar a los cincuenta días, pero la demora en el pago de las facturas triplica el tiempo establecido. Hace muchos años, el máximo responsable de una Administración asturiana me dijo que el sector público era quien más se saltaba las normas, y ahora compruebo que sabía lo que decía. Parte de los famosos planes ‘E’ y ‘A’ está aún pendiente de pago. Los bancos no dan crédito a las empresas y las administraciones sustituyen a los bancos por las pymes. El cobrador del frac es el defensor del pueblo.