Álvarez Sostres se muestra partidario de realizar un control riguroso del patrimonio de los cargos públicos, con declaración notarial al inicio y al final de la actividad pública. Consejeros, diputados y miembros de otras instituciones dependientes del Parlamento estarían obligados a realizar una declaración veraz sobre sus bienes. El portavoz parlamentario de Foro Asturias considera que hay que regular también todo lo concerniente a cónyuges, hijos y demás familia, para controlar el tipo de relaciones que tienen los familiares de los políticos con la Administración.
Desde los primeros días de la legislatura este fue el asunto estrella de la oposición. Es un tanto extraño que no hubiera sido una prioridad de anteriores mandatos y ahora se haya convertido en una cuestión urgente para PSOE y PP. Otras cosas que les importan mucho más a los ciudadanos, a los diputados de los dos grupos citados les traen al pairo. Cada cual es libre de poner el énfasis del discurso político donde considere más oportuno.
El planteamiento de Álvarez Sostres es correcto, porque lo que importa en este asunto no es si un consejero de Gobierno o un diputado tiene un gran patrimonio o es pobre de solemnidad, sino conocer las variaciones que experimenta su patrimonio durante la etapa de cargo público. Socialistas y populares no están de acuerdo, quieren saber los bienes de los cargos públicos de Foro Asturias, aunque la mayor parte de ellos vengan de la actividad privada, y no tienen interés en exigir la declaración de los consejeros y diputados salientes. Voy a decirlo crudamente: con el modelo de declaración de socialistas y populares, puede un individuo enriquecerse de forma ilegal durante su etapa de representante público sin que las instituciones autonómicas puedan constatarlo. El mensaje subliminal de PSOE y PP es el siguiente: a partir de un cierto patrimonio las personas no pueden acceder a cargos públicos, mientras que los militantes con escasos bienes tienen derecho a vivir de la política sin rendir cuentas. En los últimos años, me sorprendieron bastantes declaraciones de bienes realizadas por políticos asturianos, por su liviandad. El modelo estándar asturiano es 50% de una vivienda comprada hace veinte años, dueño de un vehículo comprado hace doce años y 3.000 euros en la cuenta corriente. Casa con la doctrina oficial.

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