Pérez-Espinosa solicita que se cree una comisión para estudiar las duplicidades entre el Principado y los ayuntamientos en la prestación de servicios. Considera que están mal reguladas las escuelas de 0-3 años y que el Principado debería hacerse cargo de la totalidad de los sueldos de los profesores. Sobre los servicios sociales, la portavoz parlamentaria del PP estima que los ayuntamientos adquirieron compromisos porque el Gobierno regional no se preocupó de ello.

Es una iniciativa constructiva la de Pérez-Espinosa, porque las dos administraciones, regional y local, comparten la gestión de los mismos servicios, sin que esté claro lo que debe hacer cada una de ellas. El problema no tiene fácil solución, como lo prueba el hecho de que sucede lo mismo en todas las comunidades autónomas. Los ayuntamientos achacan su déficit a la gestión de las llamadas ‘competencias impropias’, que son desempeñadas por ellos correspondiendo su titularidad a las comunidades autónomas. Según los alcaldes, hasta un 30% del gasto municipal se dedica a ofrecer prestaciones que deberían estar gestionadas por los gobiernos regionales. Puede que la cifra sea excesiva, pero la queja no deja de tener fundamento. Para solucionar el problema tiene que implicarse el Gobierno central con una legislación que delimite bien las competencias. Se hicieron muchas promesas en este último mandato, pero las cosas siguen parecidas a como estaban. Bien pensado, el propio Gobierno central no tiene una gran autoridad moral en la materia, porque puso en marcha una iniciativa como la Ley de Dependencia y no cumple con su obligación de cofinanciar las prestaciones.

Pérez-Espinosa alude a dos casos concretos, la Educación de 0-3 años y los servicios sociales. Cuando se pusieron en marcha las escuelas de 0-3 hubo discrepancias sobre su regulación dentro del Gobierno regional. En este momento hay un mapa heterogéneo de centros, dependiendo de cada municipio. En la actualidad, es imposible que el Principado asuma íntegramente el sueldo de todos los profesores. En cuanto a los servicios sociales, el problema no es la excesiva municipalización sino la escasa municipalización. En los estudios nacionales sobre la atención a la Dependencia, Asturias aparece severamente calificada por la centralización en la gestión.