La polémica entre el Principado y la oposición socialista sobre el incumplimiento del techo de déficit en el ejercicio de 2010 ha quedado zanjada por el Ministerio de Economía, al aclarar que Asturias incumplió el techo marcado para el déficit (2,4% sobre PIB), sin incluir el desfase entre ingresos y gastos habido en la Junta de Saneamiento. Desde el Gobierno central se explica que el Estado deja de cofinanciar inversiones con las comunidades autónomas que no cumplen con las reglas de estabilidad presupuestaria. El Ministerio de Elena Salgado, nada sospechoso de ser enemigo de los socialistas asturianos, recuerda que la evolución del déficit se controla trimestralmente, así que aunque haya proyectos de inversión acordados con el Ejecutivo de Álvarez Areces para el bienio, 2011-2013, las actuaciones se paralizarán para no agravar el desequilibrio de las cuentas asturianas. Los argumentos planteados por Rabanal se desmoronan con la contestación del Ministerio de Economía.

En los debates políticos la retórica termina cuando aparecen las cifras. El desfase entre ingresos y gastos de la Junta de Saneamiento hizo más acusado el exceso de déficit del Principado, pero aunque las cuentas de este organismo no computaran en los presupuestos la Administración regional ya había rebasado el límite fijado para el déficit de las comunidades autónomas. El Gobierno de Álvarez-Cascos carece de argumentos para poder alterar una situación que ha heredado. Se perderán inversiones que estaban previstas, como ha ya ocurrido en otras regiones.

La política de austeridad no ha enraizado en la clase política asturiana. El discurso de las necesidades sociales, económicas o culturales tiene prioridad sobre el equilibrio presupuestario. Tras la profunda recesión del año 2009, el Principado fue al límite del endeudamiento. Cuando se hacen previsiones sin margen para el error es fácil que una caída de ingresos o un deslizamiento en los gastos impidan cumplir con los compromisos de reequilibrio presupuestario. Desde que empezó la crisis económica se ha repetido que nuestra región es la menos afectada por el endeudamiento, sin reparar que en los dos últimos ejercicios ya hemos aumentado en un 50% nuestras obligaciones de pago. Pagamos 212 millones anuales por amortizar créditos y debemos 211 millones a nuestros proveedores.