Susana López Ares, portavoz para asuntos de Economía del PP, urge al Gobierno regional para que haga rápidamente los ajustes pertinentes y pueda cuanto antes llevar a cabo la promesa electoral de bajar los impuestos. Severino García Vigón, presidente de la patronal, da un voto de confianza al Principado y aspira que se puedan bajar los impuestos cuando haya un mayor desahogo económico.

La clase dirigente asturiana sigue dando pruebas de un acusado optimismo. Parece que la tormenta financiera no va con nosotros y que los agobios de otras comunidades autónomas para equilibrar las cuentas no nos afectan. El problema de Asturias no es la aplazada bajada de impuestos. Enderezar las cuentas públicas va a ser muy difícil y hay compromisos de pago plurianuales que dificultarán en el futuro el equilibrio entre ingresos y gastos. Ayer, el consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, dio la noticia del día al valorar en 1.588 millones de euros el coste total del HUCA. Aunque en ese cómputo global se incluyeran los accesos al complejo hospitalario, la dotación del centro y futuros equipamientos, como la Facultad de Medicina, sigue siendo una cantidad espectacular. Más del doble que la ampliación de El Musel, con sobrecostes incluidos. Pagar, año a año, ese equipamiento y hacer frente a sus costes de funcionamiento, que como anunció Navia-Osorio serán muy superiores a los del actual Hospital Central, va a ser extraordinariamente gravoso para la Hacienda del Principado. ¿En ese contexto tiene sentido plantearse como prioridad la bajada de impuestos? ¿Cabe declarar como intocables todos los gastos, con la excepción de los superfluos?

Hemos construido autovías (AS-II) por el método de peaje en la sombra, lo que significa para el Principado el pago de un canon anual; levantamos un hospital muy caro que lo van a seguir pagando los niños que están actualmente en las guarderías, y muchos de los recursos que nos llegan (fondos europeos y fondos mineros) tienen plazo de caducidad a muy corto plazo. Pese a eso, todavía hay quien piensa que se puede construir un nuevo Palacio de Justicia (¿Otros 200 millones de euros?) o que es necesario poner un plazo para aplicar la bajada de impuestos. ¿Qué tiene que pasar para que la clase política y los agentes sociales sean realistas en sus previsiones? Hay que redactar un plan de emergencia.