Álvarez-Cascos informó de la factura pendiente que tiene que abonar el Gobierno central al Principado, derivada de las partidas que hay sin ejecutar en los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Entre los compromisos relacionados con las Infraestructuras, la Sanidad, la Educación, los fondos mineros, los fondos correspondientes al sistema de financiación autonómica y el dinero relativo a la Dependencia, se eleva a un total de 1.247 millones. Si a esa cantidad se suman los convenios que están pendientes de la firma, la mayoría comprendidos en el programa de los fondos mineros, la cifra aumenta hasta los 1.642 millones.

En la próxima semana, el consejero de Hacienda y Sector público, Ramón del Riego, celebrará una reunión con el secretario de Estado de Hacienda para tratar sobre el plan que tiene el Principado para corregir el exceso de déficit en el que ha incurrido en el primer semestre del año. A 30 de junio, Asturias tenía un desfase entre gastos e ingresos que alcanzaba el 1,37% del PIB, cuando el Principado se había comprometido a no superar el 1,30% en todo el año. El Gobierno de Foro Asturias no puede pretextar que el abultado déficit es un legado del Ejecutivo de coalición de la izquierda, porque los gobiernos no tienen otro remedio que asumir las herencias, sean buenas o malas. Sin embargo, es muy distinto negociar un plan de recorte del déficit sabiendo que hay derechos de cobro sobre un total de 1.642 millones, que hacerlo sin tener que recibir nada del Estado. Por eso es un acierto que antes de negociar con los máximos responsables del Ministerio de Economía, el Principado diga alto y claro qué volumen de recursos no ha ejecutado -o transferido- el Estado en nuestra región, pese a estar comprometido por ley. Me parece mucho mejor que el Principado asuma sus obligaciones fiscales y demande al Gobierno central que cumpla con sus compromisos, a lo que ha hecho la Generalitat, que consiste en decir que se pasa el mandato del déficit por el forro, y sigue financiando sus gastos con bonos patrióticos del 4,5% de interés, que no puede emitir la banca.

El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos están con el agua al cuello. Hay una tensión creciente entre las administraciones, tratando de endosar gastos sin transferir ingresos. Por ello, es una buena estrategia poner todas las cartas sobre la mesa.