Nunca la actuación de los distintos gobiernos autónomos ha tenido tanta similitud como en el presente. Derecha, izquierda y nacionalistas están entregados a un mismo empeño: recortar la diferencia que hay entre gastos e ingresos. El mismo objetivo e idéntico procedimiento para conseguirlo, al dejar los impuestos tal como están, después de las subidas aprobadas en el 2009 y 2010, concentrándose en podar gastos.
La gran novedad reside en que por primera vez en toda la etapa autonómica los gobiernos regionales demuestran su mayoría de edad y ponen el equilibrio macroeconómico por encima de las políticas sectoriales; la lucha contra el déficit y la deuda por delante del gasto electoralista. Los presidentes autonómicos dan prioridad a la rendición de cuentas ante el Gobierno central y las instituciones europeas, y dejan en segundo término las peticiones de colectivos laborales y usuarios de servicios públicos. Digámoslo con otras palabras: por primera vez las comunidades asumen el coste de hacer política de Estado.
El plan
Por razón de calendario, el liderazgo de esa política corresponde a la Generalitat de Cataluña. En noviembre de 2010 tuvieron los comicios autonómicos y llevan seis meses de adelanto sobre el resto de gobiernos regionales en la aplicación del programa de ajuste. Más de 120.000 trabajadores del sector público y millones de ciudadanos sufren el recorte en Sanidad y Servicios Sociales en Cataluña. Ningún programa de gasto ha quedado fuera del ajuste. Las movilizaciones de trabajadores y usuarios no han hecho cambiar el rumbo de la Generalitat.
En Madrid, el ajuste de Esperanza Aguirre ha dejado en la calle a 1.000 funcionarios interinos de la Educación. En Castilla-La Mancha, la región donde el nuevo Gobierno ha heredado un mayor déficit, el recorte de mano de obra en los servicios públicos superará los 7.000 trabajadores. En Murcia, la Universidad contará con menos presupuesto y los centros sanitarios de Atención Primaria tendrán un horario más reducido. En Extremadura, el presidente Monago va a recortar en un 20% las cuentas públicas. En Galicia, los ajustes en Sanidad y Educación rondan los 500 millones. En Valencia aún es mayor el recorte, y en Aragón algunos servicios educativos empezarán a ser de pago. El panorama de reducción de gastos es generalizado.
Agujeros
El agujero en las cuentas de las comunidades viene provocado por dos causas: la puesta en práctica de grandes proyectos como símbolos de la gestión autonómica, concebidos en los años de bonanza, y la tardanza extrema en reaccionar ante el cambio de la coyuntura económica. En Asturias, la factura de los nuevos hospitales, el canon por construir autovías por el ‘método alemán’, la utilización excesiva de la Junta de Saneamiento como forma de evitar el control del déficit, y las inversiones en equipamientos culturales (Laboral, Niemeyer, Museo de Bellas Artes, Arqueológico, Tito Bustillo) restan margen de maniobra ante el futuro.
Se dice que el primer error de Zapatero en esta legislatura consistió en negar la existencia de la crisis económica, pero los presidentes autonómicos aún fueron mucho más miopes al seguir engordando las cuentas hasta el otro día. La crisis económica era cosa del Gobierno central, mientras las comunidades autónomas se dedicaban a realizar inversiones con cargo a la deuda pública. Ejemplo paradigmático de esto último fue el Principado que asumió inversiones y gastos en el último año sin importarle que nuestra deuda creciera en 600 millones de euros.
La lucha contra el déficit también viene dictada por la obligación que tienen las comunidades autónomas de devolverle 25.000 millones de euros al Gobierno central por el exceso de dinero recibido a cuenta de la recaudación de los ejercicios de 2008 y 2009.
Oposición
Pese a todo lo anterior, la oposición en la Junta General del Principado hace causa común pidiendo a Cascos que gobierne. Aquí parece que no se han enterado de que en toda la España autonómica gobernar significa ajustar gastos. Esa es la principal y única tarea a la que están dedicados todos los gobiernos regionales. Se pueden poner docenas de ejemplos que están todos los días en los periódicos. En el programa acordado con Bruselas de reducción del déficit público de las Administraciones españolas, el principal esfuerzo en la anualidad de 2011 corresponde a las comunidades autónomas. La oposición asturiana prefiere no darse por enterada y pide al Principado que gaste. Así como suena. Lo decía el otro día el portavoz socialista Fernando Lastra, al criticar al Gobierno regional porque «·no proyecta, no licita, no ejecuta». Racionalizar el gasto público, empezando por refinanciar operaciones crediticias tan gravosas como la firmada para construir el Huca, es perder el tiempo. Para la oposición, sólo se gobierna si se gasta.
Tras las comparecencias parlamentarias del Gobierno, los portavoces del PSOE y PP coincidieron en manifestar que los consejeros carecen de un plan, sin entender que en las 17 autonomías hay una única hoja de ruta: ajustar las cuentas. Ya no hay margen para jugar al ‘gasto desplazado’ (facturas guardadas en el cajón) ni para acrecentar el déficit (ya se superó el concedido para todo el ejercicio de 2011) ni para aumentar la deuda (casi 2.000 millones). Ahora toca pagar las deudas sin recurrir al crédito, reduciendo gastos. Una tarea para hormigas, tras los excesos y la falta de previsión de las cigarras.