Estamos inmersos en una campaña electoral de fantasía, no por lo que denota sino por lo que connota. Se supone que partidos y candidatos están dedicados durante quince días a hablar de los problemas y ofrecer soluciones. El que mejor hace esa tarea recibe el premio de los votos. La campaña electoral es el examen de fin de curso que hace media con las notas sacadas durante toda la legislatura. España está en situación de máximo riesgo financiero, con los mercados desconfiando como nunca de nuestra economía y poniendo el precio más elevado a la renovación de la deuda nacional. El diferencial del bono español con el alemán superó los 400 puntos, algo que sólo había ocurrido durante unos días de agosto. A nuestro lado el mundo clásico se tambalea: Grecia e Italia. Los nuevos bárbaros asedian a la vieja Europa y están muy cerca de lograr un objetivo histórico: acabar con la UE, el avance europeo más importante desde la paz de Westfalia. En ese contexto se lleva a cabo la campaña electoral.
Bancos
Ni un solo líder político habla de ello en los mítines. Nadie le pide al moribundo Gobierno de Zapatero que tome medidas urgentes. Nadie le dice cosas elementales a los bancos, como que apliquen un programa de austeridad radical que acabe con los sueldos euromillonarios de sus máximos responsables y procedan a una reducción drástica de oficinas. Nadie le exige al gobernador del Banco de España que propicie una mayor concentración de entidades de crédito para ganar solidez. La crisis financiera no cotiza en las urnas. ¿No es verdaderamente fantástico? ¿Se puede pretender gobernar España dando la espalda al problema más acuciante que hay planteado?
Frente a esa realidad, se ha establecido una competencia directa entre candidatos por ser el mayor defensor del gasto social. Desde Llamazares hasta Soraya de Santamaría, izquierda y derecha aseguran que mejorarán las pensiones. La actualización de la paga de los pensionistas supone 1.400 millones de euros, y todos están dispuestos a tirar de chequera. El plan de consolidación fiscal acordado con Bruselas nos obliga a recortar el gasto en 16.000 millones de euros en el próximo año, a los que hay que sumar un desfase en el gasto de 6.000 millones producido en lo que va de ejercicio. En total, 22.000 millones. Es el cálculo más optimista, porque todos los expertos, sin excepción, exponen cifras más abultadas, empezando por Jordi Sevilla que habla de la necesidad de realizar un recorte de 30.000 millones en el año 2012. Nada de eso va con los candidatos electorales que con su caña de pescar votos ponen de cebo otros 1.200 millones para actualizar pensiones. La bolsa electoral de nueve millones de pensionistas impide cumplir con lo acordado con Bruselas. La Moncloa bien vale un repunte del déficit.
Gasto social
El discurso de los candidatos atenta directamente contra los intereses nacionales, pero como todos participan de la trampa, la farsa queda sin denuncia. El fraude electoral es doble, porque si por un lado fingen no enterarse del problema más acuciante, por el otro se concentran en proponer cosas que no son de su competencia. Veamos. Desde Rubalcaba y Rajoy, hasta el farolillo rojo de la candidatura más marginal, dedican sus discursos a prometer que no reducirán el gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Seamos serios, señores, la competencia de ese gasto reside en las comunidades autónomas, no en Las Cortes. Los gobiernos regionales decidirán si emplean planes de choque para acortar las listas de espera o si cierran hospitales para reducir el déficit público. El debate sobre los servicios públicos tocaba hacerlo en la primavera pasada, cuando tuvieron lugar los comicios autonómicos, ahora procede hablar de otras cosas. Ya sé que el Estado puede poner un listón al gasto de regiones y ayuntamientos, pero son las comunidades autónomas las que gestionan los servicios públicos, así que la solución está en otro ámbito.
Sin embargo, la política de empleo, competencia directa del Estado, apenas consume tiempo en los mítines. Rubalcaba, en Gijón, lo despachó en los ‘minutos basura’ de la intervención, proponiendo un impuesto para las grandes fortunas para crear empleo. No creo que el paro se solucione con nuevos impuestos. Los tributos son útiles para financiar el seguro de desempleo y los servicios públicos, pero no para crear puestos de trabajo, a no ser que España entera se apunte al ‘Plan Piles’ como forma de superar la brecha abierta con Europa. Rajoy confía en los poderes taumatúrgicos del Gobierno de la mayoría absoluta, pero cinco millones de desempleados no se colocan por la autoridad que emana de un nuevo Gobierno de mayoría.
Asturias
A todos los despropósitos expuestos se suma uno específicamente asturiano. Los dos grandes partidos nacionales se han olvidado de los compromisos pendientes del Estado con nuestra región. Los dirigentes asturianos de PSOE y PP evitan recordárselos porque consideran que en estas elecciones se juegan otras cosas: la posibilidad de estrechar el cerco sobre el Gobierno de Foro Asturias y, sobre todo, la reorganización interna de sus equipos directivos, algo que quedó pendiente tras el batacazo electoral del pasado mes de mayo.