El Gobierno ha dado el primer paso para afrontar la principal causa del exceso de déficit público: el gasto de las comunidades autónomas. El pasado año, las administraciones consumieron 20.000 millones de euros por encima del límite establecido, procediendo 15.000 millones de las comunidades autónomas. Hasta ahora, el Gobierno había tomado medidas para contar con más ingresos –las subidas del IRPF y del IBI-, y había reducido gasto que corresponde al Estado –infraestructuras-, pero no había abordado el desequilibrio presupuestario regional. Cristóbal Montoro se reunió con los consejeros de Economía de las comunidades gobernadas por el PP y el martes se verá las caras con los responsables de todas las regiones. Ante sus compañeros de partido, advirtió que la nueva Ley de Estabilidad congelará o reducirá los ingresos de las regiones que superen la magnitud establecida para el déficit.

El control del gasto regional es una asignatura pendiente desde la creación del Estado de las Autonomías. A partir del año 2002, cuando las competencias sanitarias se transfirieron a los gobiernos regionales, el problema se hizo visible. Hasta entonces sólo se hablaba del desmadre de la sanidad catalana. El error de partida estuvo en dar competencias de gasto a los territorios reservando para el Estado el monopolio de los ingresos. Los gobiernos regionales se consideraron libres para gastar, como el niño que derrocha la paga semanal porque el padre administra los recursos. Al perder la mayoría absoluta, Felipe González transfirió el 15% del IRPF, porcentaje que se elevó al 30% con Aznar, dando capacidad normativa a los gobiernos autonómicos. Con la última reforma del modelo de financiación autonómica, la mitad de los dos grandes impuestos –IRPF e IVA- está en manos de los ejecutivos regionales, pero siguen sin actuar como mayores de edad, porque en caso de excesos siempre está la chequera del padre (el Estado). Lo acabamos de ver con la Comunidad Valenciana.

No es posible abrir otra vez el melón del modelo de financiación autonómica, pero se puede gestionar mucho mejor el actual sistema. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el sitio donde todos, sin excepción, deben fijar metas y revisar el cumplimiento de los objetivos. Los acuerdos tienen que ser rigurosamente vinculantes. Sin padres tiranos ni hijos mal criados.