El trámite parlamentario de los presupuestos está en la fase de las comparecencias. Representantes de distintos colectivos van a la Junta a dar su parecer sobre el proyecto presentado por el Principado. Es difícil de justificar la razón de estas comparecencias, porque sobre los presupuestos sólo tiene protagonismo el Gobierno y los diputados. El resto de valoraciones es tan útil como un abrigo en verano.

Ayer acudieron a la Junta General del Principado los agentes sociales. Las manifestaciones de UGT y CCOO eran previsibles (“no sirven para salir de la crisis”, “están escritos al dictado de la UE”), generando más expectativa el juicio de la Fade, al tratarse de la opinión del empresariado sobre las cuentas de un Gobierno de centro-derecha. Alberto González, secretario general de la Fade, lamentó el sesgo social de los presupuestos postergando las inversiones productivas. Según González las cuentas están pensadas más para persistir en la crisis que para salir de ella. El directivo empresarial pidió que se promueva e impulse la actividad productiva porque sin actividad empresarial no se pueden pagar los servicios públicos. Alberto González pide que en materia tributaria se den saltos arriesgados, confiando más en las empresas y en los ciudadanos. Dicho con menos palabras: bajar los impuestos.

La situación económica de las administraciones se ha deteriorado tanto que hay que modificar el enfoque de los presupuestos ligando los recursos a las competencias de cada Administración. El Principado, como Andalucía o Aragón, tiene la obligación de dar prestaciones sanitarias, educativas y sociales a los ciudadanos, porque el Estado puso esos servicios en sus manos. Los que tienen que operar, dar clase o gestionar la atención a la dependencia son los funcionarios del Principado, no del Gobierno central o de un ayuntamiento. Los gobiernos autonómicos tienen que construir y mantener infraestructuras, pero nadie les manda hacer autovías ni firmar costosísimos compromisos con los agentes sociales. Cuando sobraba el dinero se podían construir hasta aeropuertos, pero ahora toda “deshacer posiciones”, como se dice en jerga empresarial. Al Gobierno central le toca el grueso de la inversión productiva, que también es menguante, porque las mochilas de las administraciones soportan demasiada carga.