El Gobierno ha estudiado las líneas generales del anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. En la norma se piensa fijar un techo de gasto para las comunidades autónomas, de forma que incluya mecanismos correctores y sancionadores para las regiones que lo sobrepasen. Las ideas del Gobierno se van a plantear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera buscando el consenso. En paralelo a esta iniciativa, Cristóbal Montoro anunció que amplía a diez años (estaba fijado en cinco) el plazo para que los gobiernos autonómicos devuelvan a la Hacienda central el dinero adelantado en exceso por las recaudaciones de los ejercicios 2008 y 2009.

El Gobierno se enfrenta a la necesidad de hacer política. No digo que incrementar el IRPF o el IBI no sea una decisión política, lo es y de gran calado, pero cuando se cuenta con una holgada mayoría absoluta se lleva a cabo directamente sobre los ciudadanos. El apoyo parlamentario de CiU al recorte responde a la dependencia que tiene el grupo nacionalista del PP para gobernar en Cataluña. Es un negocio hecho bajo la fórmula de “gana/gana”.

Embridar el gasto autonómico es un asunto de naturaleza distinta, en el que no basta con tener mayoría absoluta, ni siquiera con gobernar en la mayoría de las regiones, porque hay una contradicción objetiva de intereses y el margen para ceder de los gobiernos autonómicos es muy estrecho. Limitar el gasto es posible y deseable, pero no creo en las multas. Tampoco en las de la Unión Europea y el tiempo lo demostrará. Penalizar a un gobierno que tiene las cuentas descompensadas supone ahondar en su desfase de gastos e ingresos. La vía tiene que ser la de las correcciones automáticas del déficit sobre la base de controles trimestrales. Para ello tiene que empezar a funcionar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que hasta la fecha es una mera entelequia: los territorios con peso (Cataluña, Andalucía) resuelven sus intereses por el método de la negociación bilateral y el resto hacen lo que quieren porque nadie tuvo autoridad moral para hacer cumplir las pautas. El déficit de las comunidades autónomas es un problema compartido -Gobierno central y autonómicos-, porque nadie atajó este modelo de pequeños estados dispuestos a tener de todo (varias universidades, aeropuertos, iconos culturales) sin capacidad para pagarlo.