En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha acordado crear un grupo de trabajo para detallar las medidas que debe incluir la futura Ley Orgánica de Estabilidad. Entre los principios que va a contener está la prohibición expresa de dejar facturas en los cajones para que no computen en los presupuestos. Una práctica insana que produjo la quiebra de empresas proveedoras de la Administración y que sirvió para hacer más grande la bola de nieve de la deuda. Ramón del Riego, en nombre del Principado, propuso acompañar los preceptos de equilibrio fiscal con pautas que propendan a reforzar la solidaridad entre los territorios y la cohesión social. Igualmente se va a estudiar el tamaño que debe tener el sector público de las comunidades, formado por 2.359 empresas u organismos públicos, un 50% más de los que había en el 2004. El pasado año, el Gobierno de Zapatero instó a las comunidades autónomas a suprimir 515 entes públicos, pero sólo se clausuraron 69: el 13% de lo previsto.

Asturias está en condiciones de corregir las desviaciones de gasto y de quedar con un sector público de tamaño moderado. Objetivamente, se encuentra en mucha mejor situación que Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Baleares o Extremadura, todas ellas con un déficit público muy por encima del tres por ciento. Para lograr el equilibrio es fundamental no hacernos trampas. El déficit camuflado siempre acaba aflorando. El Principado va a tener que realizar un nuevo recorte de gasto a cuenta de los desfases del ejercicio de 2010. En ese año, el déficit no podía superar el 2,4% del PIB y el Principado alcanzó el 2,68%. Para corregir esa desviación toca ahora recortar el gasto en 64,6 millones de euros.

Nuestra región tiene un problema específico para hacer el ajuste. Es un asunto estrictamente político: los tres grupos de la oposición retiraron al Gobierno regional el control sobre el sector público. Una actuación conjunta de PSOE, PP e IU para anular el primer recorte del Ejecutivo. Si hay una mayoría parlamentaria que impide reducir el tamaño de empresas que viven de las transferencias del Principado, será muy difícil equilibrar las cuentas. Los propios directivos de esas empresas se sienten con bula para gastar. Ante esta situación, el ministro Montoro valora la aprobación de normas estatales que anulen las iniciativas aprobadas en la Cámara autonómica.

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