El proyecto de presupuestos del Principado contiene un claro compromiso con los servicios públicos esenciales, no en vano la Sanidad crece el 6,7% sobre las cuentas aprobadas para 2011, la Educación lo hace en el 2% y los Servicios Sociales en el 7,4%. Los recursos están asignados de tal manera que el déficit público no supere el 1,30% del PIB, así que el gasto corriente disminuye para compensar estos incrementos. La gestión de estos servicios es la prioridad, por excelencia, de todas las comunidades autónomas ya que son de su exclusiva competencia.

Asentada esta premisa, el proyecto de presupuestos fue criticado por los partidos de la oposición y por los agentes sociales por su poco contenido inversor. Como hay una gran sensibilidad social con el desempleo, la ausencia de inversión es un baldón para cualquier gobierno, porque supone desentenderse de las necesidades de los empresarios y estar de espaldas a uno de los colectivos más numerosos del país, formado por los trabajadores que están en paro. Empresarios, sindicatos, PP, PSOE e IU dijeron, al unísono, que la inversión prevista es muy baja. Es cierto que los 726 millones apuntados para 2012 es una cantidad más pequeña que la incluida en el presupuesto del pasado año, pero cuando se comparan las cifras previstas en los presupuestos del Principado con las aprobadas en el resto de comunidades autónomas la cosa cambia radicalmente. Resulta que el Principado dedica el 16,7% de los presupuestos a inversión, el mayor porcentaje de toda la España autonómica, si descontamos las dos regiones que han optado por prorrogar las cuentas del pasado año. Cataluña y Madrid, regiones emprendedoras y admiradas por todos, no pasan de reservar para inversión el 6,7% y el 4,7%, respectivamente, de su presupuesto. Los territorios con unas cuentas más inversoras para 2012, como Galicia, Cantabria o Andalucía, dedican un 15% de sus recursos a inversión.

Es lógico que los agentes sociales quieran más dinero para carreteras o depuradoras, pero en todas las regiones se invierte menos que aquí. No cabe rechazar las cuentas por baja cobertura de los servicios públicos o por ausencia de inversiones. Claro que si queremos hacernos trampas, como el pasado año, cogemos el texto del ACEBA, hacemos corta y pega y asumimos 920 millones de euros en proyectos, de los que al final sólo se ejecutan 100.