Apoyado en documentos remitidos por el Ministerio de Hacienda, el Principado ha manifestado que los ingresos contemplados en el proyecto de presupuestos para 2012 eran válidos para el Gobierno central, así que la crítica de la oposición planteando enmiendas a la totalidad por considerar que los ingresos “estaban inflados” era falsa. En definitiva, que el principal argumento defendido por el PP en el debate de presupuestos –la censura de Montoro a las cuentas de Cascos- carecía de fundamento.

La declaración del Principado no ha sido desmentida por ningún comunicado ni nota de prensa del Ministerio, pero desde fuentes del citado departamento se afirma que los documentos enviados al Principado no suponen una validación sobre los ingresos contemplados en el proyecto de presupuestos. Las fuentes ministeriales dicen que la documentación se refiere a los planes de reequilibrio económico-financiero para el periodo 2012-2014, al haber superado el techo de déficit, pero no se refieren a presupuestos en elaboración. Aunque el asunto tiene un evidente contenido técnico, la argumentación ministerial me parece muy endeble, porque no cabe pensar que las previsiones de ingresos sirvan para planes de saneamiento presupuestario de los dos próximos años, pero no valgan para elaborar las cuentas de 2012. Desde las fuentes ministeriales se dice que sólo se considerarán como ingresos los que efectivamente se vayan a satisfacer, pero que actualmente no se puede hablar de entregas a cuenta, porque el Estado no ha elaborado el presupuesto de 2012. De aceptar esa premisa ninguna comunidad autónoma habría podido aprobar su presupuesto, porque no hay forma de hacerlo poniendo un cero en los ingresos que deben llegar del Estado.

Lo que el Gobierno podría argüir es que las últimas previsiones de ingresos realizadas por el Ministerio de Hacienda, del pasado mes de julio, recogían exactamente lo anotado en el rechazado proyecto de presupuestos de Cascos, pero como la evolución de la economía nacional fue desde entonces muy negativa hay que rehacerlas a la baja. Claro que ni el Gobierno de Rajoy adelantó todavía ningún cálculo ni se aplicó esa regla con ningún presupuesto autonómico. Dejando cifras y argumentos a un lado, no hay un solo indicio de que el Gobierno de Rajoy hubiera impugnado los presupuestos de Cascos.