En el Consejo de Política Fiscal y Financiera el Gobierno ha impuesto su voluntad a las comunidades autónomas. Los ejecutivos regionales han aceptado el compromiso de acabar el año con el 1,5% de déficit público. Sólo Andalucía ha votado en contra y Cataluña y Canarias se han abstenido. El voto andaluz tiene menos peso que nunca porque faltan tres semanas para las elecciones y todas las encuestas dan como perdedor a Griñán. El Gobierno había dicho que no sería flexible con el objetivo del déficit y lo ha conseguido con la inestimable ayuda de la docena de territorios gobernados por el PP. Rajoy goza de mayoría absoluta en la Cámara y en el conjunto del mapa autonómico.

¿Es muy exigente la meta del 1,5% de déficit para todas las regiones? El año 2011 se cerró con un déficit medio del 2,94%, así que deben dejar el desfase entre gastos e ingresos reducido a la mitad. En el caso de Asturias el esfuerzo aún debe ser mayor, porque al hacer aflorar las facturas sin pagar que estaban en los cajones y retirados los ingresos de imposible cobro del presupuesto, el déficit alcanzó el 3,64%. Dejando a un lado los porcentajes y hablando de magnitudes absolutas, se trata de aminorar el déficit en 500 millones de euros. Si el Gobierno central sube el IVA y los Impuestos Especiales (tabaco, alcohol y gasolina), hipótesis a la que me apunto, el objetivo puede alcanzarse, pero en caso de que Rajoy no suba otra vez los tributos, el Principado tendrá que dejar de gastar 500 millones, algo que no es posible con simples medidas de austeridad y racionalización del gasto burocrático.

Las comunidades autónomas deben de recortar el gasto social o dotarse de nuevos ingresos. O las dos cosas a la vez. La solución no está sólo en manos de los gobiernos regionales, sino también de Rajoy. El Gobierno tiene que mojarse y hacer pagar a los ciudadanos una parte de las prestaciones que tienen gratis. ¿Es de recibo que el 90% de las tasas de matrícula de los universitarios corran a cargo del Principado? Como tantas veces, Esperanza Aguirre fue la primera en abrir el debate recomendando el pago en algunos trámites de la Justicia o llamando al copago universitario y pidiendo que los jubilados con pensiones altas contribuyan con su dinero a costear los fármacos que consumen. Esa decisión tiene que tomarla el Gobierno central y las comunidades autónomas deben recortar gastos.