Una vez impuesto su criterio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno central lanza anuncios de reforma administrativa sin concretar. Rajoy dice que se deben revisar las duplicidades administrativas y propiciar la unidad de mercado. ¿Suprimirá las diputaciones? ¿Impulsará la fusión de ayuntamientos? Por su parte, Cristóbal Montoro afirma que hay que revisar la distribución de competencias entre la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El ministro de Hacienda dice que se van a disolver el 40% de las empresas y entes públicos.

El Gobierno tiene una agenda de reformas muy apretada, que incluye la reducción de la estructura de gasto de las administraciones, el saneamiento bancario y desbloqueo del crédito, la reanimación del mercado laboral, el cambio de modelo energético y las reformas educativas. El PP tiene una hegemonía en las instituciones políticas muy favorable para introducir las reformas, pero el contexto económico es extremadamente hostil. No puede jugar a inventar el Estado, debe conformarse con tomar medidas útiles. Lo más urgente es reducir el déficit y sanear el sector financiero. La reforma laboral es una herramienta buena pensando en el largo plazo, pero no conviene engañarse: con el anterior modelo laboral se crearon 6 millones de puestos fijos y 2,4 temporales entre 1994 y 2008, como acertadamente recordó Javier Fernández. La creación o destrucción de empleo depende sobre todo de la coyuntura, no de los tipos de contrato de trabajo, aunque haya multitud de profesores, empresarios e ideólogos de toda ralea dispuestos a convencernos de lo contrario.

Las comunidades autónomas han aceptado sin rechistar el objetivo de reducción del déficit. Sin embargo, sin la introducción de reformas es muy difícil que logren acabar el año con un desfase de gastos e ingresos del 1,5% sobre el PIB. El gasto en los servicios públicos es muy rígido porque lo imponen las demandas de los ciudadanos, así que no es fácil rebajarlo. La recesión se extenderá por lo menos durante los tres primeros trimestres del año, lo que significa una caída persistente de ingresos. La rigidez del gasto en los servicios esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) y la minoración de los ingresos sólo pueden ser paliadas con nuevos impuestos y el fin del “gratis total”.