Javier Fernández da prioridad al mantenimiento del Estado del Bienestar sobre la construcción de piscinas, auditorios y carreteras. Ningún pero que poner. La gestión de la sanidad, la educación y los servicios sociales constituye la primera responsabilidad de los gobiernos regionales. Esta prioridad vale tanto para épocas de crisis como de bonanza, porque los servicios públicos fueron transferidos por el Gobierno central a las comunidades autónomas. La mayor parte de los 35.800 funcionarios del Principado están dedicados a las tareas citadas, hasta el punto de que el éxito o el fracaso de la gestión autonómica se puede medir por la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, la trayectoria de los gobiernos regionales no fue esa, ni en Asturias ni en ningún otro territorio. Todos optaron por hacer edificios singulares, centros de referencia, universidades de rango local y carreteras de poco tráfico. El Principado construyó tres autovías en diez años: Gijón-Mieres, Gijón-Oviedo y Avilés-Langreo, aunque esta última quedó inconclusa por culpa de la crisis económica. Los socialistas, el PP e IU participaron de la filosofía desarrollista que obligaba a poner en todas las ciudades auditorio, palacio de congresos y universidad, dejando las facturas sin pagar para el siguiente gobierno.

Tiene razón Javier Fernández; hay que acabar con los excesos del pasado, aunque alguno sea tan reciente como el Plan A, que llevó al último Gobierno de coalición de la izquierda a endeudarse para hacer actuaciones en los distintos ayuntamientos bajo la vigilancia de los sindicatos. Los ayuntamientos carecían de recursos para financiar el gasto corriente y recibieron dinero para obras extra. El resultado final fue que los alcaldes quedaron ante los vecinos como auténticos emprendedores y siguieron sin pagar las facturas a los proveedores. El esquema populista de funcionamiento característico de la política asturiana.

Puestos a hablar de planes, ninguno más dañino que el Plan E de Zapatero, que sirvió para gastar 13.000 millones de euros en actuaciones de ornamento en ciudades y pueblos, hasta elevar el déficit público al 11,2%. La dura terapia de adelgazamiento a la que está sometida la economía española tiene su origen en las erróneas decisiones tomadas a finales del año 2008 que sirvieron para echar gasolina al fuego.