Tras una reunión del “gabinete de crisis”, Mariano Rajoy ha lanzado la idea de recortar en 10.000 millones de euros el gasto en sanidad y educación. La medida fue improvisada con el objeto de detener la escalada de la prima de riesgo, que estaba ya por encima de los cuatrocientos puntos. Los temibles mercados no reaccionaron al mensaje del Gobierno, pero las comunidades autónomas han tomado nota del tijeretazo que van a tener que aplicar a la financiación de los servicios públicos, por orden del Ejecutivo central.

Ana Mato, en los pasillos del Congreso, ha confiado en llegar a un acuerdo en el Consejo Interterritorial de la Sanidad sobre las medidas de ahorro a aplicar. La ministra de Sanidad dice que el copago está sobre la mesa, y que en Cataluña ya lo aplican. Como máxima responsable de la sanidad española no está de acuerdo en cobrar un euro por receta. También reconoce que hay un debate abierto sobre el pago de las medicinas en función de la renta. Ana Mato confía en ahorrar en medicamentos y en transporte. La ministra se muestra proclive a racionalizar el gasto y evitar duplicidades. Por si algún usuario de la sanidad pública estaba inquieto, Ana Mato ha dicho que se debe reformar el sistema pero sin que sea a costa de los ciudadanos. Conclusión: la ministra no está a la altura de las circunstancias. La situación es demasiado comprometida como para andar con vaguedades propias de campaña electoral. Lo más grave de todo es que la falta de resolución de los gobiernos –el anterior y el actual- ha llevado a que algunas comunidades autónomas tomen medidas por su cuenta que deberían ser implantadas por consenso para toda España. La política sanitaria está en estos momentos liderada por Cataluña.

En Educación, el Gobierno piensa ahorrar aumentando el número de horas lectivas del profesorado y con un mayor número de alumnos por aula. Son medidas factibles que producen un ahorro automático, aunque van a ser muy mal recibidas por el profesorado, como ya ocurrió este curso en la Comunidad de Madrid. En la universidad la capacidad de ahorro es infinita, siempre que se reduzca esa disparatada oferta de títulos, que sólo se entiende como una forma de dar empleo a una nómina hinchada de profesores, y elevando las tasas por matriculación. En la actualidad es más barata la matrícula de un curso universitario que sacar el carné de conducir.