Javier Fernández e Ignacio Prendes volvieron a reunirse para llegar a algún tipo de acuerdo sobre la gobernabilidad de la región. El diputado de UPyD ofreció un pacto de legislatura que ligaría su grupo al PSOE, siempre que los socialistas apoyaran la fusión de concejos, pusieran en marcha una comisión de investigación parlamentaria sobre los casos de corrupción detectados en los aprovisionamientos del Principado, y cambiasen el mapa electoral, poniendo fin a las tres circunscripciones. Javier Fernández no aceptó el último punto, y la reunión ha terminado sin acuerdo.

Llama la atención que UPyD plantee un pacto de legislatura, en vez de pedir concesiones programáticas a cambio del voto en la sesión de investidura. Un acuerdo de legislatura, si es digno de tal nombre, implica el compromiso de aprobar los proyectos de presupuestos que proponga el Gobierno. Los pactos de legislatura benefician más al partido que gobierna que al socio parlamentario. Se apela a esa fórmula cuando hay diferencias ideológicas insoslayables, como ocurría en la alianza entre PSOE y PP en el País Vasco, pero cuando no se da ese antagonismo, es mucho más rentable entrar en el Gobierno que dar cobertura parlamentaria al partido que está en el poder. Al conocerse los resultados electorales, Ignacio Prendes manifestó que no tenía intención de formar parte de un Ejecutivo de coalición, y ahora nos enteramos de que aspira a tener un lazo sólido con el partido que gobierne.

Ignacio Prendes logró acuerdos con Javier Fernández sobre sanidad, educación, servicios sociales y gestión administrativa. En esas materias no hay diferencias entre los grupos parlamentarios, aunque la izquierda se arrogue el papel de gran defensora de los servicios públicos. La realidad enseña que siguen las mismas pautas, como pudimos comprobar el último año, con la extensión de las unidades de gestión clínica en centros de salud y hospitales, iniciadas por el PSOE y ampliadas por Foro. Cosa distinta es llegar a un consenso sobre la supresión de circunscripciones electorales, porque supone modificar las bases sobre las que se asienta el poder. La reunión terminó sin acuerdo, porque el PSOE puede aprobar una fórmula abierta sobre el cambio del mapa electoral, pero no puede firmar un texto cerrado. Cuando la discrepancia está en la redacción, el pacto está cercano.