Tal como había prometido, el Principado remitió la propuesta de ajuste fiscal al Ministerio de Hacienda. Se trata de un primer documento que contempla la cuantía global, cifrada en 498 millones de euros. El cálculo se basa en una sencilla operación: como el déficit al acabar el año 2011 era de 843 millones de euros y el Gobierno permite este año un déficit del 1,5% sobre PIB (345 millones), el ajuste resulta de restar ambas cantidades. Tras el envió del documento las dos administraciones seguirán dialogando para precisar los términos del recorte. Hasta que se celebre la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera tienen un plazo de dos o tres semanas para llegar a un acuerdo firme.

El pasado 30 de abril, el Gobierno de Álvarez-Cascos envió la propuesta de ajuste al departamento de Cristóbal Montoro, que consistía en un recorte de 551 millones, 53 millones más de lo calculado por el Ejecutivo socialista. En aquel momento, la iniciativa del Principado fue duramente descalificada por el ministro de Hacienda, que amenazó con intervenir las cuentas asturianas, lo que tuvo unos efectos fulminantes sobre la negociación en torno a la sesión de investidura, al decantarse UPyD por la izquierda. Ahora, con un recorte menor, parece que el Gobierno central no se muestra tan irritado, lo que demuestra dos cosas: los problemas del Ejecutivo de Rajoy con el de Cascos no residían precisamente en el presupuesto, y la cuantía del ajuste es menos importante para el Ministerio de Hacienda que las partidas concretas sobre las que se utiliza la tijera.

Guillermo Martínez, consejero de Presidencia y portavoz del Principado, ha manifestado que el Gobierno regional dispone de un amplio margen para reducir gastos y para generar nuevos ingresos a partir de modificaciones impositivas. Un mensaje de optimismo que muestra la intención de poder alcanzar el ajuste sin apelar a tonos dramáticos. Ahora bien, esa holgura para nivelar gastos e ingresos se reduce drásticamente si Cristóbal Montoro dice dónde, cómo y cuánto hay que recortar. La iniciativa de llevar la propuesta de consolidación fiscal a la Junta General del Principado es muy acertada, porque allí se podrá debatir cómo queda el gasto sanitario, la cobertura del salario social y las inversiones en infraestructuras. Si hay imposiciones de Madrid aflorarán en el debate.