El Gobierno regional va a acudir a la vía de urgencia para incluir 243 millones de euros en la lista de pagos a proveedores que financia el Gobierno central. El Ejecutivo de Rajoy adelanta el dinero para que regiones y ayuntamientos dejen de tener facturas guardadas en los cajones. Luego, las administraciones beneficiadas deberán devolver en diez años el dinero recibido. La garantía de devolución descansa en un plan económico que deben remitir al Gobierno de España, lo que significa someterse a la fiscalización del Estado durante una década. Una manera amable de quedar intervenidos.

La hoja de ruta del Principado pasa por incluir a nuestra región en el plan de proveedores del Estado, aplicar el recorte de 498 millones de euros presentado al Ministerio de Hacienda y solicitar autorización a la Junta General del Principado para endeudarse en 423 millones con el objeto de acometer inversiones que estaban bloqueadas. Tres operaciones que necesitan del visto bueno del Gobierno central o de la Cámara autonómica. Dos vías de entendimiento que tiene abiertas el Ejecutivo de Javier Fernández y que estaban cerradas para el anterior Gobierno de Foro. El pago a los proveedores será aprobado en una reunión extraordinaria del Parlamento. Sería bueno que el plan de ajuste, que condicionará la financiación de servicios públicos, fuese discutido también en la Junta. Un recorte tan severo de gastos debería remitirse a la Cámara. Decidir sobre subidas de impuestos o cierre de empresas públicas merece un debate parlamentario; no parece lógico que quede reducido a una negociación entre gobiernos.

Es probable que apenas haya tiempo para ello, pero llama la atención que los grupos de la oposición no pidan tener un papel más activo en la operación de ajuste, lo que implica tener información y presentar alternativas. No entiendo por qué extraña razón para solicitar los 243 millones del plan de proveedores hace falta convocar una sesión extraordinaria de la Junta, pero para recortar 498 millones no es preciso convocar pleno parlamentario. Puede que haya justificaciones administrativas, pero dudo mucho que se puedan ofrecer argumentos políticos. Sin debates en la Cámara, como se hace para aprobar los presupuestos, todo este conjunto de sumas y restas le resultan muy lejanas a la gente aunque repercutan en su cartera.