Tras entrevistarse con el presidente de la Federación Asturiana de Concejos, Ignacio Prendes aludió a la necesidad de cambiar el modelo territorial procediendo a fusionar concejos. El diputado de UPyD volvió a recordar que es partidario de la unión voluntaria de ayuntamientos, a través de la concesión de incentivos, pero no renuncia a las fusiones obligatorias. Antonio de Luis Solar, en representación de los intereses locales, pidió formar parte de la comisión que estudiará en la Junta la nueva ordenación municipal.

De los cinco partidos parlamentarios, sólo UPyD quiere reducir el número de ayuntamientos. Javier Fernández hizo una concesión al partido de Rosa Díez en la negociación de la investidura parlamentaria, al aceptar que se forme una comisión para estudiar el mapa municipal. Aunque en su discurso el presidente llegó a aludir a la posibilidad de realizar fusiones no voluntarias, no se dan las condiciones para ejecutar ese supuesto. Los alcaldes tienen muchos problemas económicos, pero no quieren resolverlos por la vía de unirse con el vecino perdiendo identidad. Si los cuatro principales grupos parlamentarios (PSOE, Foro, PP e IU) están conformes con los 78 ayuntamientos y los alcaldes no quieren perder soberanía, la aspiración de UPyD no tiene visos de convertirse en realidad. Sin embargo, en medio de la angustiosa lucha contra el déficit público, no cabe descartar que Rajoy aplique un recorte en el mapa municipal poniendo un número mínimo de habitantes para formar ayuntamiento. Aunque le resulte extraño a los afiliados de UPyD, el objetivo de la concentración municipal es más factible lograrlo por iniciativas del Gobierno central que del Principado.

La clase política se ha movilizado en pos de la reducción de gastos, bien sea cerrando ayuntamientos, despidiendo funcionarios interinos, agrupando empresas públicas o poniendo peajes en autovías. En ese escenario, Fernando Lastra propone a los grupos parlamentarios un acuerdo global sobre el tamaño del sector público asturiano. Sería conveniente alcanzar una amplia mayoría parlamentaria por el método de dar de baja todos los tinglados que no estén encaminados a ofrecer servicios esenciales a la comunidad. Ese sería el método idóneo, en vez de tener que priorizar el recorte en sanidad y educación por orden del Gobierno central.