Con el voto en contra de Foro, la Junta General del Principado aprobó el plan de pago a proveedores por un total de 243 millones de euros. El crédito dado por el Estado supone desembolsar 122 millones en concepto de intereses a lo largo de diez años, ya que la operación se suscribe con un tipo de interés del 7,7%.

Merece la pena anotar algo con respecto al interés señalado para el préstamo. Hace ahora justamente tres años, cuando la situación de algunos intermediarios financieros empezó a ser delicada, el Gobierno constituyó el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) para ayudar a las cajas de ahorro a salir del estado comatoso en que estaban. La aportación de fondos a los balances de las instituciones financieras se hizo también con un interés del 7,7%. Entonces se consideró muy elevado, prueba de ello es que los bancos y cajas que pudieron captar recursos por otra vía evitaron pedir la ayuda al FROB. Ahora, en una fase aún más aguda de la crisis económica, las comunidades autónomas y los ayuntamientos reciben crédito al 7,7% del Estado, un porcentaje bastante más elevado que el exigido por algunas instituciones comunitarias (Banco Europeo de Inversiones) para financiar los proyectos de los gobiernos regionales. Es de resaltar que el Gobierno central haya puesto recursos para paliar el grave problema económico que sufren el resto de administraciones, pero el interés estipulado es muy gravoso y pesará como una losa sobre el déficit de las regiones.

De los 243 millones que va a recibir el Principado, 223 millones son para que la sanidad se ponga al día en pagos. Más del 90% del retraso acumulado en las facturas del Principado está relacionado con los suministros sanitarios. El día que el Gobierno central transfirió las competencias de salud a las comunidades autónomas el pomposamente llamado “autogobierno” quedó en precario. Si se lograra resolver la financiación de la sanidad las comunidades autónomas dejarían de ser un problema de Estado. Del resto de facturas, sólo el ente de comunicación del Principado (RTPA) tiene pendiente una cantidad importante, superior a los 17 millones de euros. Como Bruselas vigila a España de cerca, espero que el gasto en todo lo que no tenga que ver con los servicios esenciales quede bajo control. Dejar facturas en los cajones y pagar un 7,7% de interés por abonarlas no es ningún chollo.