La renovación del Consejo Consultivo, principal órgano de asesoramiento jurídico del Principado, ha quedado asegurada al pactar los dos principales partidos parlamentarios, PSOE y Foro, los dos miembros que el corresponden a la Junta General del Principado: Juan Luis Rodríguez Vigil y Fernando Fernández Noval. Vigil fue consejero de sanidad en los dos mandatos de Pedro de Silva y presidente del Principado de 1991 a 1993; Fernando Fernández Noval fue delegado del Gobierno en el primer mandato de Aznar como presidente del Gobierno de la Nación. El acuerdo no le ha gustado al PP que pedía una reducción de los cinco miembros del Consejo Consultivo (tres son a propuesta del Gobierno regional y otros dos por elección parlamentaria). Se trata de dos casos distintos, porque el Consejo Consultivo funcionó con normalidad, mientras que la estructura de la Sindicatura de Cuentas, con tres síndicos de rigurosa obediencia partidaria, sólo sirvió para crear desavenencias internas y problemas institucionales. La fórmula propuesta por el PSOE -un solo síndico- obliga a la búsqueda del consenso. En caso de no seguir esa vía habría que plantearse el cierre de la institución.

Cristina Coto, portavoz de Foro, considera que al PP no le agrada el acuerdo sobre el Consejo Consultivo por la figura de Fernando Fernández Noval. En medio de la disputa entre los dos partidos del centro-derecha, ver cómo el delegado del Gobierno que precedió a Mercedes Fernández en el cargo es miembro del Consejo Consultivo no es un plato de gusto para el grupo parlamentario del PP. Cualquier otro candidato tampoco hubiera sido aceptado, ya que el verdadero problema no estriba en los nombres concretos sino en la imposibilidad de imponer otro modelo de negociación por la escasez de escaños del PP.

Sobre la Sindicatura de Cuentas, Cristina Coto manifiesta que el PSOE ha buscado un modelo que le asegura zafarse de los controles. Es un juicio equivocado. Desconozco cuáles son las intenciones de Fernando Lastra, pero la fórmula de un solo síndico impide el control del órgano por el Gobierno. Si se mantuviera el sistema utilizado hasta ahora –un síndico por cada grupo- contaríamos con cinco funcionarios de partido, con la rechifla de haber renunciado al carné para aparentar neutralidad. Reducido el órgano a un solo síndico la independencia queda asegurada.