En la Asamblea anual de la Fade, Severino García Vigón ha advertido que la subida de impuestos anunciada por Javier Fernández puede provocar deslocalizaciones de personas y negocios, así como un daño para la competitividad de las empresas. Según el líder de la patronal, el Gobierno “tira por lo fácil sin afrontar los problemas de fondo”. A la cita empresarial acudió como invitado Javier Fernández que argumentó su apoyo al plan enviado al Gobierno central, por ser “el mejor y el más justo”; el presidente del Principado considera que hay otras formas de reequilibrar gastos e ingresos, pero cree que la opción seguida por su Gobierno es la que mejor preserva el Estado del Bienestar, aunque entiende la discrepancia de los empresarios.

El ajuste propuesto por Javier Fernández evita medidas duras que le granjearían la enemistad de amplios sectores de la sociedad. Respeta las nóminas de los funcionarios, mantiene las tasas universitarias y evita redimensionar las redes de servicios públicos. Puestos a hablar de damnificados, los daños del ajuste se concentran en los mil funcionarios interinos que dejará de contratar y en las familias acomodadas con unos niveles de renta superiores a los 70.000 euros al año. Quizás por eso el presidente del Principado habla del plan más justo. ¿Cómo se puede a través de un tratamiento epidérmico del gasto reequilibrar las cuentas regionales en 500 millones de euros? La respuesta está en la reducción de las inversiones. Ahí le duele a un sector importante del empresariado, muy dependiente de la inversión y los incentivos del Principado, que se encuentra ante la situación más complicada que han tenido en décadas. Los presupuestos del Principado y del Gobierno central no van a acudir en su auxilio, porque la gran prioridad es ajustar las cuentas. García Vigón considera que el problema de fondo es la dimensión de unos servicios públicos imposibles de financiar, y le gustaría que se respetaran las inversiones productivas y se redujera el tamaño del sector público.

Hasta la fecha, ninguna comunidad autónoma afrontó el ajuste fiscal por la vía de respetar las inversiones y reducir los servicios públicos. Esta receta crearía un gran malestar en el funcionariado y muchas quejas entre la ciudadanía. El daño de reducir la inversión es real, pero menos visible, y no se produce de un día para otro.